C.W. / Agencias
El apretón de manos entre Zapatero y Rajoy a las puertas de La Moncloa el pasado 23 de julio rompía con cuatro años de crispación. Habían firmado el pacto de Estado de la Justicia, uno de los temas estrella de la legislatura que empezaba. Seis meses después, el acuerdo se resquebraja.
El jurista y padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón lo explicó bien ayer a este periódico cuando dijo que el pacto, además de ser de Estado, "debería cumplirse". Las enormes discrepancias en temas de Estado, entre ellos la Justicia, entre el partido del Gobierno y de la oposición llegaron a extremos insoportables durante la pasada legislatura, que acabó denominándose "de la crispación".
La necesidad apretaba. Había que llegar a acuerdos para facilitar la acción del Gobierno y desbloquear problemas enquistados, como el de la Justicia, y para mejorar la imagen que de la política tenían los ciudadanos. El acuerdo de Estado en materia de Justicia suscrito entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición el 23 de julio planteaba como compromisos inmediatos la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que iba a cumplir dos años en funciones, y del (TC), cuyos miembros ya llevan un año en situación de interinidad.
El primer reto se cumplió, aunque se consiguió mediante cuotas de poder según la afinidad política de los vocales elegidos. En el caso del TC, ni eso. El Constitucional, máximo intérprete de la Carta Magna y encargado de resolver asuntos como el Estatut de Cataluña, continúa bloqueado por falta de consenso político entre PP y PSOE.
Además de la renovación de órganos, el pacto de la Justicia estaba llamado a instalar un nuevo modelo de oficina judicial y a garantizar la tramitación y aprobación de la reforma del Código Penal, que establece, entre otras cosas, el control de terroristas y pederastas tras el cumplimiento de su condena. En los últimos meses, la polémica del caso Mari Luz y, en las últimas semanas, la amenaza de huelga por parte de los jueces, han solapado esos temas y han enfrentado no sólo a los partidos entre sí sino a los magistrados con el Gobierno.
En estas circunstancias, el famoso y esperado pacto por la Justicia, que, junto con los acuerdos económicos y sobre terrorismo suscritos al principio de la legislatura, estaba llamado a terminar definitivamente con la crispación, está a punto de romperse.
Así lo advirtió el pasado jueves el responsable de Seguridad y Justicia del PP, Federico Trillo, quién sostiene que la "actual situación" del sistema judicial español está derivando en que el último pacto por la Justicia entre PSOE y PP "esté a punto de volverse a romper". Durante la semana pasada, Trillo mantuvo reuniones con las asociaciones judiciales para revisar sus reivindicaciones sin que los jueces se hayan visto aún con el Ministerio de Justicia -hay una reunión urgente convocada para el 26 de enero-.
El PP y el PSOE están de acuerdo en que la huelga no es la solución, pero los populares defienden a los magistrados ante la insuficiencia -"absoluta", en palabras de Trillo- de medios materiales, algo que, a su juicio, es responsabilidad de la Administración. Mientras tanto, los socialistas acusan al PP de actuar como acicate de una actitud que, de desembocar en huelga, puede traer fatales consecuencias.
En fin, el problema de la Justicia española ha vuelto a acabar en bronca política mientras que el paro judicial continúa ganando adeptos. Seis meses después de la firma del pacto de Estado, el acuerdo agoniza y la Justicia está en una situación mucho más crítica que el 23 de julio.
