Tras más de un año de debate público sobre las irregularidades de Mercasevilla y con tres causas abiertas en los juzgados que han situado a la sociedad en el centro del enfrentamiento político, la junta general de accionistas de la empresa, controlada en un 51% por el Ayuntamiento, aprobó ayer una reducción del consejo de administración que deja por primera vez fuera a la oposición. La decisión, que deja al PP sin margen de maniobra para acceder a datos o seguir el mismo ritmo de denuncias públicas sobre la empresa de mercados, se justificó por la necesidad de ahorrar y de reducir el perfil político de este órgano, que pasa de 23 a nueve componentes. Cinco serán del Ayuntamiento y cuatro de Mercasa, aunque sobre el papel sólo hay dos nombres de perfil político: el edil socialista Alfonso Mir, que asumirá la presidencia, y el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, quien seguirá pese a intentar dejar el puesto para situar en él a Carlos Vázquez -fue el PP el que advirtió que el delegado de Empleo no es concejal y, no puede ocupar el puesto-. Según explicaron desde IU es la proporción mínima exigida en los estatutos: el 50% de los representantes municipales deben ser ediles.
Dejan su cargo, entre otros, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín; los ediles Teresa Florido y Josefa Medrano o el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico, Manuel Marchana. De esta forma, sólo quedarán en el consejo, además de los dos ediles, el secretario, el interventor, cuatro representantes de Mercasa y un alto cargo vinculado a Manuel Marchena. La directiva de la AIE María Luisa García. La oposición se queda sin sitio como ya ocurrió en Emasesa o en la Fundación DeSevilla.
"Esto es un atropello a la democracia, una marcha atrás hacia la época de Franco. Se han cargado 22 años de transparencia democrática. Nos expulsan para eliminar testigos", criticó el edil Beltrán Pérez, hasta ahora consejero de Mercasevilla, quien recibió ayer mismo una notificación para denegarle el acceso a información de la empresa requerida hace meses por haber dejado de ser consejero. Pérez anunció una inmediata denuncia en los tribunales y una ruptura de cualquier acercamiento a los dos socios de Gobierno en negociaciones como la reducción de puestos de la oficina del Defensor del ciudadano -de siete a tres-.
Pese a que ninguno de los consejeros cobra ya dietas, el primer argumento de esta reducción es el ahorro. "En eso estuvimos todos de acuerdo, en aplicar una mayor austeridad", matiza Antonio Rodrigo Torrijos, quien apunta que incluso el PP votó a favor de la reducción hasta que se vio afectada por ella. La explicación de la oposición es clara en este sentido: aprobaban una reorganización, pero no supieron hasta ayer cómo se iba a realizar.
El segundo argumento es dar un perfil más técnico y de un consejo con 23 miembros que debe abordar el futuro de una empresa casi en quiebra. "Sólo quedan dos ediles, y porque es lo mínimo. La postura del PP contradice sus propios planteamientos. Piden empresas con menos políticos, pero se oponen si el recorte les afecta a ellos", apunto Torrijos. Mir completó esta explicación: "Queremos despolitizar el consejo". El PP rechazó estos argumentos tras el tenso consejo: "Se quedan quienes han llevado a la empresa a esta situación".
El PP contó en la sesión con el apoyo de la asociación de mayoristas de frutas, también accionistas aunque minoritarios. Estos solicitaron que se ampliasen a once los consejeros para que entrase la oposición. La opción fue rechazada por los dos socios de Gobierno que consideran irrevocable su propuesta.
