En noviembre de 2005 saltó a los medios de comunicación la polémica sobre las escalas de los vuelos de la CIA con presuntos talibanes a bordo y con destino a una prisión (hasta entonces secreta) de Guantánamo. Desde aquella fecha, PSOE y PP no dejan de responsabilizarse y de desmentirse.
El último episodio de esta rocambolesca historia sucedió ayer. Según un nuevo documento oficial y secreto del Ministerio de Defensa, al que tuvo acceso la Cadena SER, el Ejecutivo de Zapatero autorizó en 2005 el aterrizaje en la base de Rota (Cádiz) de un vuelo procedente de Guantánamo, cuyo objetivo era dar cobertura a otro avión norteamericano que transportaba a un grupo de detenidos. Según el Gobierno, el vuelo nunca llegó a producirse, pero el avión tenía autorización para utilizar dicha base porque la aeronave que llevaba a los presos iba a pasar por el espacio aéreo internacional. Este nuevo documento pone en entredicho la versión dada hasta ahora por los socialistas.
Hace sólo ocho días, el pasado día 12, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseveró durante una rueda de prensa en Bruselas que, a diferencia de lo que ocurrió con José María Aznar, la Administración liderada por George W. Bush no le habría pedido a un Gobierno presidido por él su colaboración para trasladar presos a la base de Guantánamo y, en todo caso, aseguró que no la habría aceptado.
Sin embargo, ayer se desveló que la petición existió y que ésta fue tramitada en noviembre de 2005, con José Bono como ministro de Defensa, como consta en el informe secreto sobre los vuelos de la CIA elaborado dos años después por el Ministerio de Defensa que presidía ya José Antonio Alonso. El propio Ministerio de Exteriores confirmó en la Cadena SER que autorizó dicho aterrizaje. No obstante, el portavoz de Exteriores, Julio Albis, subrayó que en el último momento, y ante las sospechas de que ese vuelo pudiera estar dando apoyo a un avión con presos talibanes, se denegó el aterrizaje de forma verbal, sin que haya constancia de ello por escrito.
De este nuevo informe puede desprenderse que Bono estaría al tanto de estas escalas, pero hasta hace unos días el actual presidente del Congreso aseguraba desconocer la existencia de vuelos ilegales. "De haberlo sabido lo hubiera dicho y se lo diría ahora. No podemos ser cómplices de ningún delito y no lo hemos sido. Y de lo demás, tiene que responder cada uno...", explicó el día 5 de este mes.
Unos días después, el 10 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reveló durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que el Gobierno de José María Aznar autorizó escalas de aviones militares estadounidenses rumbo a Guantánamo para casos de emergencia, pero añadió que estos aviones con presos ilegales no llegaron a aterrizar en España. Un consentimiento desmentido, activa o pasivamente, por diferentes dirigentes populares como el propio ex presidente, Federico Trillo, Ana Palacio (que llegó a informar al Defensor del Pueblo de que en Guantánamo se respetaban los derechos humanos), Josep Piqué o Mariano Rajoy. Sin embargo, el autor del informe secreto sobre las escalas en España de los vuelos de la CIA, Miguel Aguirre de Cárcer, ratificó el día 17 que dicho consentimiento existió y además que la decisión de autorizar esas escalas fue adoptada en instancias políticas, pero no sabe si la tomó el entonces ministro de Exteriores Josep Piqué, informaron fuentes jurídicas tras su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Ismael Moreno.
Pero lo cierto u oficial hasta ahora es un detallado informe del Consejo de Europa de enero de 2007 que demuestra la implicación de 14 países europeos en dichos vuelos, entre los que se encuentra España. El socialista Claudio Fava acusó entonces a nuestro país de mantener una "complicidad activa o pasiva" en las entregas ilegales de los sospechosos y de no vigilar los aviones estadounidenses "por distracción o sometimiento".
EEUU reconoció en 2006 que la CIA creó después de los atentados del 11-S una red de cárceles secretas donde enviaba a supuestos sospechosos de terrorismo, detenidos en terceros países sin respetar sus derechos.
