El excomercial de la aseguradora Vitalia Jesús Bordallo, acusado en el caso de los ERE de incluir a quince "intrusos" para que cobraran de empresas en las que no trabajaron, ha pedido a la juez Mercedes Alaya que le conceda una pensión que sume el salario mínimo interprofesional y el pago de la hipoteca. El abogado de Bordallo, en una petición a la que ha tenido acceso Efe, precisa que la única forma de cubrir sus necesidades básicas y solventar su situación de "indigencia" son con el salario mínimo de 756,70 euros mensuales (según lo fijado en 2015) y la hipoteca de 139,32 euros. El excomercial hace esta petición en caso de que Alaya no acepte que se le devuelvan los 76.867,72 euros de cuentas y productos bancarios que tiene embargados y están depositados en la cuenta de consignaciones. En su petición, el excomercial señala que, en realidad, necesita al mes 1.251,07 euros para sobrevivir y le pide a la juez que le libre otros 958 euros para poder devolver las deudas que ha contraído con amigos. Tras casi dos años de embargo y bloqueo de sus cuentas, Bordallo "ha tocado fondo" y está en situación de "indigencia" y de "penuria" porque además se ve perjudicado por el rechazo profesional debido al "estigma" por las "graves acusaciones" que pesan sobre él, subraya su abogado. El excomercial rechaza las imputaciones de la juez porque asegura que se basan en "afirmaciones genéricas" que no se han concretado y critica que no se ha avanzado "una mínima carga probatoria" de ningún delito así como la "dilación indebida" en la instrucción de la juez. En enero de 2014, Alaya imputó a Bordallo haber hecho valer su "poder sobre las decisiones de la Junta" para incluir a 15 "intrusos" en las ayudas, entre ellos dos cuñados del "conseguidor" Juan Lanzas y varios sindicalistas o sus esposas. La inclusión de los "intrusos" obedecía a "la influencia que ejercía Bordallo y Vitalia sobre el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero", hasta el punto de que el imputado llegó a manifestar que "tenía poder para que todas sus decisiones se llevaran a efecto por la Junta de Andalucía", según Alaya
