La decisión de la Consejería de Educación de fijar el siete de septiembre como fecha de arranque del curso escolar ha sorprendido a las centrales sindicales del sector, que habían hecho de la cuestión un auténtico casus belli, al entender que el adelanto escolar les dejaba sin apenas margen para preparar el curso. Este pasado lunes, Educación les ofreció una propuesta intermedia y cedió en tres días para intentar conciliar sus intereses con los del profesorado, pero la falta de respuesta de los representantes sindicales ha desembocado en la decisión final de la Consejería: salvo novedad en contrario, el curso se adelanta una semana. En el debate sobre el anticipo escolar hay que distinguir dos niveles de discusión. De una parte, las diferencias hay que enmarcarlas en las tensas relaciones que mantiene este departamento del Gobierno andaluz con los sindicatos, como bien se ha demostrado con la Ley de Educación, los incentivos de productividad o, más recientemente, con la reforma del modelo de oposiciones que pretende acabar con los privilegios que se otorgan a quienes trabajan en calidad de interinos. El enfrentamiento se recrudece con ocasión de este adelanto, pero con un factor diferencial que juega a favor de la Junta: la opinión pública. En este caso, se trata de un asunto que afecta a miles de padres andaluces que tienen su propia opinión sobre este asunto y que, en su gran mayoría, comparten el criterio de la Consejería de Educación de que se adelanten las clases por una mera cuestión de conciliación entre la vida familiar y la laboral. Con este contexto, a los profesores les costará mucho convencer a los ciudadanos de que necesitan más tiempo para la preparación del curso y que no pueden anticiparlo una semana. Si es así, lo que hay que hacer es adelantar los tiempos administrativos para cuadrar los calendarios, y no entender que la fecha de inicio del curso escolar es innegociable y por supuesto inamovible.
