El revuelo que se ha montado con la decisión del CGPJ de imponer al juez Tirado una sanción de solo 1.500 euros ha puesto de manifiesto una vez más cómo la reforma de la justicia es todavía una asignatura pendiente de la democracia, que ha de abordarla cuanto antes para adaptarla a los requerimientos de una sociedad madura. El caso del mencionado juez no es más que la punta del iceberg de una problemática compleja y con muchas aristas imposible de afrontarla en su totalidad. No obstante ha revelado lo que podríamos considerar la cuestión de fondo de la justicia en nuestro país: su alejamiento de la ciudadanía. Cuando una decisión de los jueces no se comprende ni se entiende por la generalidad de las personas a las que va dirigida, es un síntoma de que algo está fallando, de que el sistema no responde a lo que cabe esperar en un régimen democrático.
No se pueden negar las carencias tanto personales como materiales de la administración judicial; tampoco se puede ignorar que el marco normativo de su funcionamiento necesita de una profunda revisión. Pero parece intolerable que una falta de esa dimensión y con esas consecuencias solo merezca para los jueces una pena menor que una infracción de tráfico que no afecta a los bienes o a la vida de las personas. Y que, además, esa sanción responda a un voto casi unánime de los jueces, porque esa decisión huele a corporativismo si no a un pulso con el gobierno por las condiciones en las que ejercen sus funciones. Porque de eso se trata, de que los jueces tienen asignada una función imprescindible para la realización de la democracia. No se trata pues de desempeñar simplemente un trabajo, como el que muchos realizamos, sino de decidir sobre la libertad de las personas, sobre los derechos que les pertenecen o sobre las cosas que son suyas. Son los custodios de la justicia, un bien demasiado preciado para que puedan disponer de él de espaldas a la ciudadanía.
Los jueces integran un poder del estado. Hablamos del poder judicial que, junto al ejecutivo y al parlamento, conforman el esqueleto básico del Estado de Derecho. Representa una garantía imprescindible para el adecuado control del funcionamiento de la democracia. Pero no se puede olvidar que en la conformación de este sistema político no todos los poderes son iguales y no todos están en el mismo nivel, pues la esencia de la democracia reside en la soberanía del pueblo cuyo representante es el parlamento. Es éste el depositario último y legítimo del mandato popular al que deben someterse los demás poderes del Estado. Así tampoco podemos ignorar que el ejecutivo, que emerge del parlamento, tiene un plus de legitimidad respecto al judicial, cuya composición está mediatizada por la selección de sus componentes, según unos criterios que pueden ser tan acertados o desacertados como los que imperan en el acceso al empleo público, sea éste profesor, médico, técnico o auxiliar de administración... Por ello, los movimientos que tienden a exaltar a los jueces hasta el punto de convertirlos en guardianes indiscutibles de la democracia, otorgándoles el control de todos los actos políticos sobre la base de una pretendida neutralidad que colocan por encima de la actuación "tendenciosa" de nuestros políticos, son desestabilizadores de un equilibrio, ciertamente inestable, que se ha de asentar en la soberanía popular en los términos expuestos. En caso contrario, hablamos de otra cosa.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide
