Venezuela eleva el precio para España en la crisis por Edmundo González con la captura de dos españoles

Puerto Ayacucho es una ciudad venezolana junto a la frontera con Colombia, de la que la separa el río Orinoco. Allí se encuentran una base militar del Ejército Bolivariano y otra de la 52 Brigada de Infantería de Selva, entre otras instalaciones. Pero también hay atracciones turísticas como el “tobogán de la selva”, una roca por la que uno puede deslizarse y que termina en una piscina natural. 

Hacia allí se dirigían desde la vecina localidad colombiana de Inírida el pasado lunes 2 de septiembre los dos españoles detenidos en Venezuela, según sus familiares. ¿Para qué? ¿Turismo por la conocida como capital del Amazonas venezolano? ¿O contrabando de armas para planificar el asesinato de Nicolás Maduro, como asegura sin pruebas el Gobierno chavista? ¿Son los vascos José María Basua Badovinos y Andrés Martínez Adasme dos espías? ¿O simples ciudadanos que el Gobierno de Nicolás Maduro quiere usar como moneda de cambio con España? 

“Hay tres posibilidades. Que estas personas hubieran sido captadas por el Gobierno de Estados Unidos o que estén implicados con el CNI, lo que me parece poco probable. ¿Qué interés puede tener España en este momento para llevar a cabo una acción de este tipo, prestando operativos a Estados Unidos?”, argumenta Ernesto Pascual, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “La tercera posibilidad me parece la más probable: que se trate de un aviso a navegantes para España ante un eventual reconocimiento de Edmundo González: si me complicáis la política interior, yo puedo complicar la vida de vuestros ciudadanos en nuestro país”. 

Petición de asistir a los detenidos en Venezuela

Este lunes, tras un fin de semana frenético, en el Ministerio de Exteriores han guardado silencio casi todo el día. El ministro José Manuel Albares no se ha pronunciado sobre este asunto. La diplomacia exige discreción. Pero el cuerpo diplomático español en Venezuela está activado ante una crisis de muy difícil resolución.

El embajador, Ramón Santos, presentó el fin de semana un escrito (nota verbal) ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores para pedir que se permitiera a los servicios consulares visitar a los detenidos. Por el momento no ha habido respuesta, informan fuentes diplomáticas. 

"Exteriores sigue reclamando a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre la detención de dos españoles, así como una clarificación de los cargos de los que se les acusa”, aseguran fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. "La Embajada española en Caracas está en contacto con la cancillería venezolana, a la que ha trasladado que ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales".

Contactar con los detenidos es el primer paso, y el más urgente. Cuando hay un ciudadano español apresado en el extranjero, lo primero que se hace es enviar al cónsul de la ciudad más cercana a visitarlo, o incluso al embajador, para ver en qué situación se encuentra, de qué se le acusa, llevarle los mensajes de sus familiares, atenderlo en cuestiones prosaicas como medicinas o alimentos si es necesario.

Así se hizo, por ejemplo, con el caso del español Pablo González, acusado de espionaje para Rusia y detenido en Polonia en 2022. O del español Sánchez Cogedor, madrileño detenido en Irán en 2022 cuando viajaba a pie hacia Catar y acusado también de espionaje.

El primero estuvo dos años detenido hasta que Rusia lo reclamó en un intercambio de presos. El segundo pasó más de un año en una prisión iraní, donde llegó a hacer una huelga de hambre por las penosas condiciones en las que se encontraba, hasta que fue liberado a finales del año pasado tras una negociación diplomática secreta. 

Un embajador con experiencia

La crisis diplomática va a tener que liderarla en el país el embajador Santos. Llegó a Caracas en octubre de 2021 como encargado de negocios. En diciembre de 2022 fue elevado a la categoría de embajador, tras el deshielo entre el Gobierno de Maduro y España, junto al resto de países occidentales. 

Quienes le conocen le describen como una persona con temple y resolutiva, que lidia bien con ambos bandos del espectro político venezolano y, sobre todo, con mucha experiencia en América Latina. Ha sido anteriormente embajador en Bolivia y en Panamá.

El Gobierno niega que sean del CNI

Las opciones que se le abren al diplomático español y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, son todas complicadas. El Ministerio ha negado rotundamente que los arrestados pertenezcan a los servicios de inteligencia españoles. “El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal”, afirman desde el Ministerio. Lo natural es, en todo caso, que lo negaran si lo fueran, para protegerlos. Y en la forma en la que lo han expresado, tampoco se descarta que puedan ser colaboradores externos con una misión puntual.

En la red social LinkedIn aparecen dos perfiles con los mismos nombres y apellidos. En uno, Andrés Martínez Adasme figura como desempleado en busca de nuevos retos. El otro, José María Basoa Valdovinos, como técnico de instalaciones de gas. Las familias no han querido dar detalles sobre sus profesiones.

Cuando el madurismo tiene conflictos internos, suele descubrir casualmente planes “terroristas” para acabar con Maduro, informa Abel Gil. En este caso, acusa a los españoles Martínez Adasme y Basoa Valdovinos, de 32 y 35 años, de estar vinculados con el militar estadounidense Wilber Joseph Castañeda, también arrestado. En la presentación ante las televisiones del presunto complot desarticulado, Diosdado Cabello, un duro del régimen, mostró el decomiso de al menos 400 fusiles y pistolas presuntamente provenientes de territorio norteamericano.

De momento ni siquiera ha trascendido la prisión o lugar de detención en el que se encuentran. Todo hace prever que ambos ciudadanos españoles tengan un calvario legal por delante. Y que la diplomacia española deberá lidiar con esta situación con pies de plomo para sacarlos del país latinoamericano.