Los primeros 16 migrantes retornados por Italia llegan a los centros de acogida de Albania

Seis egipcios y diez bengalíes. Ellos han sido los primeros dieciséis migrantes trasladados a los nuevos centros de identificación y expulsión abiertos por el Gobierno de Giorgia Meloni en Albania. Los migrantes, rescatados por barcos italianos tras zarpar de Libia, han llegado este miércoles —después de dos días de travesía— al puerto de Shëngjin, en el norte del país, a bordo la nave militar italiana 'Libra’, en el pasado (2013) involucrada en un grave naufragio. 

Se pone así en marcha una operación que, incluso antes de su estreno, ya ha generado diversas polémicas, no solo por las críticas de las organizaciones humanitarias, sino también por sus estratosféricos costes. De hecho, aunque no está claro cuánto ha costado la creación de los dos centros en Albania (las cifras giran en torno a los 4 millones de euros), ni cuánto costará su mantenimiento y los cuidados necesarios para los migrantes (el Gobierno ha confirmado un gasto anual de 134 millones de euros, pero algunos observadores hablan cifras mucho más altas), sí se ha calculado el gasto del primer traslado a Albania: alrededor de 18.000 euros por migrante.

Más aún, a pesar del esmero puesto por el Gobierno italiano en demostrar que su plan funcionará, los centros no están completamente terminados. De hecho, según el acuerdo firmado en 2023 con Tirana, Albania ha autorizado la reclusión de hasta 3.000 migrantes, pero por el momento en el centro de Gjadër —que es donde los migrantes se albergarán, situado a una veintena de kilómetros del puerto— solo hay camas para 400. Esto incluye las tres zonas del recinto: una para quienes han presentado una solicitud de asilo —en videollamada con tribunales de Roma— y están esperando respuesta, otra para aquellos con órdenes de expulsión, y una pequeña cárcel, con espacio para no más de una veintena de personas, destinada a los que cometen delitos en los centros.

En obra

Esta es la razón por la que, en los días previos, en los alrededores de la aldea de Gjadër, había un enorme trasiego de camiones que descargaban materiales de construcción y, de la entrada principal de la estructura, entraban y salían obreros. El objetivo, de hecho, es construir más celdas en los próximos días y meses, y completar algunas áreas en las que deberían vivir algunos de los agentes de policía encargados de esta nueva cárcel para migrantes.

Todo ello además teniendo en cuenta que los migrantes en ningún momento —salvo por emergencias médicas o psicológicas— podrán pisar suelo albanés o salir de los centros. Lo ha recordado en los últimos días también el primer ministro albanés, Edi Rama, en lo que ha parecido un intento de desligarse de la iniciativa italiana. "Todo lo que ocurra allí dentro no será responsabilidad de Albania", ha asegurado.

Casilla de salida

Las autoridades italianas tampoco han dado respuestas claras sobre qué pasará con aquellos migrantes que reciban órdenes de expulsión, pero que no se podrá repatriar pues no son aceptados por sus países de origen. La hipótesis, de momento, es que sean finalmente trasladados a Italia en avión o en barco, lo que añadirá más costes a toda la operación y hará volver la cuestión a la casilla de salida.

Otra incógnita es cómo Italia responderá a las denuncias que numerosas organizaciones han presentado ante los tribunales. Una de las cuestiones más controvertidas atañe la lista de países "seguros" en base a la cual se hace la selección de los migrantes varones que Italia decide enviar a Albania o no (se descartan los de los países considerados "no seguros"). Unas listas sobre las que no hay un consenso generalizado, ya que además Italia considera algunos países como parcialmente seguros.

Las polémicas sobre el plan de la primera ministra, Giorgia Meloni, también ha sido objeto de un animado debate en el Parlamento. En particular, el portavoz de Europa Verde, Angelo Bonelli, ha alertado del riesgo de infiltraciones mafiosas en la construcción y gestión de los centros en el país balcánico. “Albania es uno de los países más corruptos de Europa”, ha dicho, refiriéndose a informes sobre la cuestión. Una acusación que ha sido rechazada por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.