Los funcionarios de más de 70 años, en el limbo: las compañías no asumirán sus pólizas de Muface

Las aseguradoras ponen trabas cuando los jubilados intentan contratar un seguro de salud privado

Una pareja de jubilados, paseando.

Una pareja de jubilados, paseando. / INAKI OSORIO

Victoria Flores

Victoria Flores

Los funcionarios jubilados que dependan de Muface lo tendrán muy difícil para poder seguir con sus médicos. En las llamadas para contratar un seguro hay una pregunta clave: la edad. A partir de aquí la situación cambia por completo si tienes 35 o 75 años. Las compañías no ofrecen seguros a partir de cierta edad porque las enfermedades aumentan y la rentabilidad económica desaparece.

Los funcionarios jubilados llevan toda su vida acudiendo a unas consultas, conocen a los médicos, las enfermeras e incluso a los administradores de sus centros hospitalarios, son muchos años de visita. Esta situación podría dar un vuelco de aquí a dentro de 20 días. Las compañías aseguradoras tienen hasta el 5 de noviembre para presentarse a la licitación de la mutua de los funcionarios (Muface), si no lo hacen el servicio morirá de aquí a final de año.

Esta posibilidad plantea un problema para muchos de los beneficiarios del servicio que temen tener que abandonar a sus profesionales sanitarios porque las aseguradoras no les aceptan. Según el último anuario presentado por Muface en 2022 389.770 de los beneficiarios de este servicio son funcionarios jubilados en toda España, una cifra que ha ido aumentando en los últimos años por el envejecimiento que presenta la función pública. De hecho, casi uno de cada tres (27%) afectados por el final del servicio (entre titulares y familiares) tienen más de 65 años. Sin embargo, a partir de los 70 años las posibilidades de contratar un seguro privado se reducen.

Las compañías privadas ponen problemas a los jubilados

Son muchos los funcionarios jubilados que estos días descuelgan el teléfono para ver cuánto les costará seguir con sus tratamientos médicos, pero en algunos casos resulta imposible. Aunque antes el abanico de oferta sanitaria de Muface era amplio, en los últimos años se ha reducido a tres: Asisa, Adeslas y DKV. Según denuncian estas compañías, el año pasado tuvieron pérdidas de alrededor de 200 millones de euros por el convenio y en 2024 se espera que esta cifra aumente.

Los mayores de 70 años que son atendidos por Asisa con Muface tendrán muy pocas posibilidades contratar de nuevo el seguro que tienen en estos momentos si la mutua desaparece. Desde la compañía aseguradora explican que no aceptan contratar una nueva cobertura sanitaria para aquellos que tienen más de 70 por lo que perderían el contacto con sus médicos.

En el resto de compañías la situación no es muy diferentes. Aquellas personas que dependen de DKV pueden obtener un seguro por 25,50 euros para toda la unidad familiar, sin embargo, esta oferta no incluye ni las urgencias ni las hospitalizaciones. Para poder contratar una póliza que incluya estos servicios para mayores de 75 años, solo se puede hacer de manera presencial en las sucursales de la compañía.

Quien sí que permite conocer los seguros para mayores de 70 de forma telefónica es Adeslas. Para un matrimonio de 79 y 80 años el seguro mensual sería de 355 euros, lo que supone al año unos 3.660 euros. Eso sí, incluye un copago según el número de veces que se visite al médico a lo largo del mes que puede variar entre los tres y los 17 euros según el servicio que se necesite y dependiendo de sí antes se pasa por un médico de familia o no. Además, la tarifa aumenta conforme aumenta la edad de los asegurados, de hecho, de los 79 a los 80 años crece en cinco euros al mes.

Las comunidades podrían tener que hacerse cargo

Cuando miran a la sanidad pública en el caso andaluz, tampoco se quedan mucho más tranquilos. Numerosos funcionarios jubilados contactados por El Correo de Andalucía temen verse en "un auténtico problema" en sus tratamientos médicos si no se alcanza el deseado acuerdo.

El panorama es particularmente delicado en Andalucía, que concentra a uno de cada cinco (21%) usuarios del sistema. Hasta 320.000 andaluces podrían perder el acceso a la sanidad privada de aquí a final de año. Desde la Consejería de Salud y Consumo siguen sin dar ninguna pista sobré cómo planean hacer frente a la inclusión de estas cientos de miles de personas en el sistema público.

Si el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública no alcanza un acuerdo con las aseguradoras sobre el concierto, serán las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en materia sanitaria, quienes se tengan que hacer cargo de la situación. A preguntas de este periódico fuentes de la Consejería dirigida por Rocío Hernández sostienen que por el momento no van a pronunciarse al respecto. "Confiamos en que se solucione ese problema por parte del Ministerio de momento no estamos planteando nada más allá de eso", señalan estas fuentes que indican que "en caso contrario" abordarán la situación.

Hace meses que Salud no ofrece datos sobre las listas de espera en los hospitales andaluces, pero las últimas cifras ofrecidas por la anterior consejera, Catalina García, en julio dejaban a 41.920 andaluces esperando fuera de plazo para poder ser operados con un tiempo medio de espera para una cirugía de 139 días. La situación para ver a un especialista no era mucho mejor, a fecha de 28 de junio 438.589 personas estaban pendientes de consulta y la espera era de 135 días. Esto hace que muchos teman que conseguir una cita se vuelva aún más difícil si entran estos nuevos pacientes.

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