Aplazado el fallo para decidir si Trump goza de inmunidad en el caso de los pagos ilícitos a una actriz porno

La victoria electoral de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha complicado un poco más la labor de los jueces en los cuatro casos penales abiertos contra el neoyorkino. Este mismo martes el magistrado que instruye el caso de la falsificación de documentos para acallar a la actriz porno Stormy Daniels ha decidido aplazar el fallo en el que debía determinar si Trump puede beneficiarse de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial. El juez ha optado por posponer la decisión hasta el próximo 19 de noviembre, atendiendo a las solicitudes de la defensa y la fiscalía. Una medida adoptada, de acuerdo con el ministerio público, por las nuevas circunstancias derivadas de la elección de Trump, quien se ha convertido formalmente en el nuevo presidente electo del país, aunque no jurará el cargo hasta el próximo 20 de enero.

El republicano fue condenado el pasado mes de mayo por un jurado popular en Manhattan, que le culpabilizó de 34 cargos por sus maniobras ilícitas para comprar el silencio de Daniels –con la que supuestamente mantuvo una relación sentimental-- en las semanas previas a las presidenciales de 2016. De ese modo se convirtió en el primer presidente de EEUU condenado en los tribunales, un hito que sin embargo no ha acabado haciendo mella en su carrera política, como esperaban algunos. De momento, se mantiene la fecha para conocer el veredicto en este caso, fijada para el próximo 26 de noviembre, aunque cada vez hay más dudas de que el próximo inquilino de la Casa Blanca vaya a ser condenado a penas de prisión.

La sentencia del Supremo

“La paralización y la invalidación del juicio son necesarias para evitar los impedimentos inconstitucionales a la capacidad de Trump de gobernar”, esgrimieron los abogados del magnate en una carta enviada el juez. Esos letrados se han aferrado a una reciente sentencia del Supremo. La máxima instancia judicial del país dictaminó que presidentes y expresidentes no pueden ser perseguidos judicialmente por actos que cometidos mientras ocupaban el cargo. Y aunque los pagos de Trump a Stormy Daniels, canalizados a través de uno de sus abogados y registrados como “gastos jurídicos” en la contabilidad de su campaña electoral, se produjeron antes de que conquistara por primera vez la Casa Blanca, parte de las pruebas presentadas ante el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, datan de su época como comandante en jefe.

En los últimos meses los abogados de Trump han tratado constantemente de dilatar la resolución del caso, una estrategia que está dando frutos. El resto de juicios penales contra el magnate también están prácticamente paralizados. La semana pasada una jueza federal decidió pausar la causa contra el republicano por instigar presuntamente la insurrección en el Capitolio en 2021. Esencialmente pidió tiempo para evaluar cómo proceder tras la victoria de Trump, dado que las políticas del Departamento de Justicia, el mismo que ejerce de acusación, impiden investigar a los presidentes en ejercicio.

También han quedado en barbecho el juicio que enfrentaba en Florida por el mal uso de documentos clasificados, después de que fuera desestimado por un juez federal, y el que tenía abierto en Georgia por sus maniobras de interferencia electoral para revertir el resultado de 2016 en el estado, un caso que está ahora ante un tribunal de apelaciones.