Para Andalucía, la educación debe ser asunto capital. Nuestro principal problema social fue siempre la enseñanza, tanto la elemental como la media y universitaria, y no digamos la profesional. Un asunto que debería de estar en el temario del Parlamento de Andalucía si los partidos políticos tuvieran la sensibilidad necesaria para defender los intereses de los andaluces.
Sobre la valoración de la enseñanza, escuchamos decir al rector de la Universidad de Huelva, el profesor Antonio Ramírez de Verger, que las tres valoraciones sociales que deben tener prioridad para las autoridades, comienza en la sanidad pública, continúa con la atención a los discapacitados y luego sigue la enseñanza. De manera que salud y formación deben ser factores preferentes.
Pero lo mismo que a los diputados autonómicos y nacionales les importó poco que el Gobierno del PP tuviera un trato discriminatorio para los andaluces en el asunto del Ave Córdoba-Málaga, respecto al Ave que desde Barcelona uniría a todas las capitales catalanas, también en el caso de la dotación económica por alumno universitario, los diputados autonómicos y nacionales se olvidaron de defender los intereses de nuestra Comunidad.
Una sola Universidad catalana, la Pompeu Fabra, recibía 781.604 pesetas por alumno matriculado, frente a las 265.493 de la Universidad de Almería, o las 301.574 de la Universidad de Sevilla, por el mismo concepto.
La media andaluza en inversiones por alumnos universitarios se mantenía bastante por debajo de la media nacional, lo que supuso un contrasentido teniendo en cuenta que las autoridades decían valorar la enseñanza como objetivo prioritario. En Cataluña, las siete Universidades tenían una media de 397.305 pesetas invertidas por alumno, y en las Islas Baleares sumaba 445.483 pesetas. Las nueve universidades andaluzas tenían asignadas las siguientes dotaciones: Almería, 265.493; Jaén, 268.669; Huelva, 271.327; Málaga, 272.891; Pablo Olavide, 299.487; Sevilla, 301.575; Granada, 336.391; Cádiz, 374.220, y Córdoba, 426.015 pesetas.
Si comparamos los datos de Andalucía y de España con la media europea, que era de 975.000 pesetas por alumno, entonces había que llorar lágrimas como melones.
Cuando acabamos de cumplir cuarenta años de aquel primer Día de Andalucía, celebrado el 4 de diciembre de 1977, y recordamos nuestras vivencias personales y colectivas, las esperanzas y luchas durante los últimos años del tardofranquismo y primeros de la transición, como punto de partida y de comparación con lo que han sido estos últimos cuarenta años y lo que hoy es la autonomía andaluza, lo primero que tenemos es el deber personal de reconocer y decir, aquí en Casares, patria de Blas Infante, que nos sentimos fracasados.
Sí, somos perdedores.
Pero no nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos entonces. De haber sido ingenuos, idealistas, confiados; es decir, de haber creído que el primer Día de Andalucía era piedra angular del futuro de nuestra región. Que aquella jornada, coronada en Málaga por la tragedia, representó el despertar de un pueblo, la recuperación de la memoria histórica.
Además, dos años después, el 28 de febrero de 1980, tuvimos la oportunidad de ver confirmado y reforzado en circunstancias negativas excepcionales, el mismo espíritu nuevo que el pueblo andaluz había expresado en diciembre de 1977 con tanta esperanza como ímpetu.
Al día siguiente de aquel primer Día de Andalucía, escribimos en el diario ABC un comentario en el que hacíamos entrega del testigo, de la antorcha, a las nuevas generaciones de andaluces.
Consideramos que nuestra misión había terminado, y que había que dejar el camino libre a las nuevas generaciones.
Hacía falta un espíritu nuevo que diera respuesta a las ansias expresadas por el pueblo andaluz a lo largo y anchos de nuestra geografía. Por primera vez, más de un millón de andaluces había salido a la calle para demostrar sus afanes andalucistas, regionalistas, autonómicos... Lo que todos nos habían negado, es decir, el sentido de pueblo, se había mostrado de manera inequívoca... Al menos, así lo creímos.
¿Por qué nos consideramos fracasados?
Porque los objetivos andaluces de entonces no tienen nada que ver con las realidades de hoy.
¿Qué pedíamos entonces?
Pedíamos descentralización administrativa, respeto para nuestra cultura, valoración justa de nuestro potencial social y económico. Estábamos convencidos de que, con estos supuestos logrados, Andalucía estaría en condiciones de combatir los siete círculos viciosos del subdesarrollo. Este mensaje subliminar fue interpretado por el pueblo de llano de manera equívoca, y el error hizo pensar que la autonomía se limitaba a factores socioeconómicos, cuando en realidad y, por encima de cualquier otra interpretación, la autonomía es tener conciencia de nuestros valores culturales, base imprescindible para sentirse pueblo.
Por entonces, no podíamos ni soñar que aquellos objetivos que nos parecían máximos, iban a ser superados como lo han sido. Porque hoy, Andalucía, en teoría, no sólo tiene descentralización administrativa, y medios técnicos y financieros para recuperar y difundir nuestra cultura, sino casi todas las facetas de su economía; es decir, el pueblo andaluz cuenta con la estructura básica para ejercer una autonomía que supera las más imaginativas exigencias de hace más de un cuarto de siglo.
Más aún: tenemos autonomía política. Algo que, en 1977, ni nos atrevíamos a plantear.
Pero no hemos ejercido la autonomía como pueblo, no hemos sido conscientes de las responsabilidades que teníamos como sociedad libre, y hemos autolimitado nuestros poderes reales a las imposiciones de la partitocracia estéril.