La jueza Mercedes Alaya ha imputado al exconsejero de Empleo Manuel Recio y al que fuera responsable de Innovación Antonio Ávila en la causa abierta por el fraude en los cursos de formación por los delitos de prevaricación y continuado de malversación de caudales públicos, a los que responsabiliza de exonerar más de dos mil millones de euros a entidades. En el mismo, auto la ya exmagistrada del Juzgado de Instrucción número 6 también amplía la imputación al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y también implica a cuatro ex altos cargos más, a uno de los cuales lo cita a declarar el 29 de junio.
El auto ha sido dictado por la jueza, ayer mismo, un día antes de que cesara en su plaza de titular del juzgado y de la que hoy ha tomado posesión la magistrada María de los Ángeles Núñez Bolaños. En el mismo, Alaya considera que «los responsables políticos de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo, han concebido indiciariamente la Formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma». Esto, a su juicio, generaba «una actividad económica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones que cada año concedía la Junta de Andalucía para la realización de las acciones formativas» a entidades que «ofrecían cursos con una calidad muy por debajo de lo que se les pagaba, obteniendo importantes beneficios, lo que era consentido por los responsables del Servicio Andaluz de Empleo que era el órgano que gestionaba la Formación».
«¿Cómo llegamos a esta conclusión?», se pregunta Alaya, que asegura que la «respuesta está en datos objetivos, que son carencias deliberadas de la Administración», enumerando siete distintas. En primer lugar, «la ausencia de programación de acciones formativas cuyo objetivo eran los certificados de profesionalidad, que son los que se otorgan nuevas capacidades y especializaciones al individuo para la inserción en el mercado laboral» y que, según el decreto que regula la formación, esta «debe estar dirigida prioritariamente» a esta programación. Otra de las deficiencias es la «ausencia de un programa de Evaluación de seguimiento» que «el SAE «debía elaborar y ejecutar con periocidad un plan de seguimiento y evaluación del que carece».
En tercer lugar, y en virtud de los informes de la Intervención, «la ausencia de la documentación justificativa en la que la mayor parte de los expedientes analizados, que no había sido exigida por los responsables de las distintas Delegaciones» provinciales. «Por la ausencia de contratación en los expedientes con compromiso de contratación, añade Alaya. En quinto lugar, «por un retraso injustificado, dado el tiempo transcurrido y el personal del que se dispone, en las tareas de comprobación técnico-económica de la justificación de los expedientes, comprobación que en muchísimos casos adoleciendo de importantes deficiencias, culminaban en el certificado de finalidad» y que permitía que se librar el documento por el que las entidades obtenían el 25 por ciento de la subvención.