La investigación sobre la muerte de Julen, el niño de dos años cuyo cuerpo fue localizado sin vida casi 13 días después de caer en un pozo de la localidad malagueña de Totalán, se centra por el momento en determinar si hay responsabilidades penales relacionadas con ese agujero por el que se precipitó y las condiciones en las que se encontraba.
Tras incoar diligencias, el 14 de enero, un día después de la caída de Julen, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga requirió a la Guardia Civil la información que dispusiera, según han apuntado a Europa Press fuentes de la investigación. Dicho cuerpo, en concreto el Servicio de Protección de la Naturaleza, remitió un informe que llegó a la instructora el día 17 de enero, con las gestiones realizadas hasta ese momento.
En ese informe, que incluye estudios urbanísticos de la zona, se indicaban las posibles infracciones en cuanto al pozo, como que las obras no contaban con autorización alguna, la ausencia de medidas de seguridad y los movimientos de tierra en la zona; así como las declaraciones testificales del que hizo la prospección y del dueño de la finca, en las que aparecerían "contradicciones", según las fuentes.
El cuerpo de Julen fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado por los equipos de rescate que lo buscaban en el pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro. La posición que tenía "hace determinar que la caída fue libre y rápida hasta la cota en la que se le encontró", que fueron unos 71 metros, según dijo el sábado el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.