El abogado Pablo Jiménez de Parga, que ejerce la defensa del expresidente de la Junta Manuel Chaves en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha alegado este lunes que es "imposible" que el que fuera líder del Ejecutivo andaluz hasta 2009 conociera las irregularidades en las gestión de estas ayudas, así como que no pudo detectar "las alarmas que hicieran saltar las luces rojas".
Con la evacuación del trámite de informe final del abogado de Chaves, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, ha comenzado el turno de las defensas. Así, Jiménez de Parga, que ha empezado su intervención agradeciendo a la Sala y a los funcionarios su labor para el buen desarrollo del juicio, ha asegurado que de la prueba practicada y de la pericial ratificada es "imposible" pretender que Chaves tuviera conocimiento de las irregularidades en la gestión de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con el programa presupuestario del 31L.
Sobre todo en base a la afirmación del Ministerio Fiscal de que el expresidente tuvo conocimiento de estas irregularidades por las memorias que realizaba el interventor general de la Junta para los acuerdos anuales de Control Financiero Permanente, en relación a los años 2005, 2006 y 2007, y en las que, según la Fiscalía, se recogían irregularidades y problemas del uso de las transferencias de financiación para pagar subvenciones, precisando el letrado que a la sesión del Consejo de Gobierno que aprobó este último no asistió Chaves.
A este respecto, el abogado defensor dijo en su declaración ante el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña que "nadie le advirtió de las irregularidades y que el interventor general tampoco consideró oportuno realizar un informe de actuación".
El Consejo de Gobierno "aprobó" de forma "íntegra y sin modificar nada" las propuestas planteadas por la Intervención General de la Junta para los planes de Control Financiero Permanente de estos años, "sólo faltaba poner la firma y la fecha". "El Consejo de Gobierno actuó como debía, con diligencia y adoptando las propuestas de la Intervención General", ha añadido.
Chaves, según el abogado, declaró que "no había leído las memorias", añadiendo que "leídas hoy creo que no me hubiese permitido detectar señales de alarma". "Pretender que el presidente, antes de aprobar el plan anual de Control Financiero Permanente, estudie la propuesta de la Intervención General, se opone a las reglas de lo lógico y linda con lo absurdo". Además, ha añadido que dicha lectura "no permite detectar las alarmas que hicieran saltar las luces rojas".
En este sentido y en referencia al acuerdo de 2007, a cuya sesión del Consejo de Gobierno que lo aprobó no asistió Chaves, el abogado ha dicho: "Si no se le puede pedir que se los lea antes, pensar que lo va a hacer después de ser aprobados es esperpéntico".
De la decisión del interventor general de no realizar informe de actuación ante las irregularidades en las ayudas de los ERE, ha señalado que "al no hacerlo no usó el mecanismo legalmente establecido para hacer llegar las irregularidades al Consejo de Gobierno, por tanto, nada hay en la causa sobre que el expresidente tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención General de la Junta".