854 millones de euros de fondos públicos destinados a ayudas sociolaborales. Un sistema «particularísimo» para su reparto «arbitrario», «discrecional» y «sin control» creado en 2000. Avisos de «irregularidad» desde 2005 sin que no sólo no se adoptara «medida alguna» sino que «se continuó nutriendo al mismo de fondos» hasta 2011. Y todo como «instrumento» para que el dinero público inicialmente destinado a «empresas y personas afectadas por las crisis empresariales» acabara en manos de «entidades y personas que no reunían los criterios» y en «cuantía improcendente». Tras cinco años de instrucción, el juez Álvaro Martín cerró ayer la primera pieza de la macrocausa de los ERE, un escándalo que acabó con la vida política de quien ha gobernado Andalucía durante más tiempo, Manuel Chaves (19 años en el cargo) y de su sucesor durante cuatro años José Antonio Griñán.
Ambos se sentarán en el banquillo junto a 24 ex altos cargos de la Junta (otros 24 han sido desimputados). El primero se enfrenta, al igual que otros siete imputados, a entre dos y seis años de inhabilitación para cargo y empleo público (aunque ya está jubilado) por un presunto delito de prevaricación administrativa (podrían ser más años por su carácter continuado). El segundo, como otros 17 procesados, podría ir a prisión entre 4 y 8 años, ya que el juez les imputa además un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos.
Al procesar a estas 26 personas, la Audiencia de Sevilla enjuiciará una década de la gestión que el Gobierno andaluz hizo de 850 millones de euros destinados en su origen a paliar la situación de empresas en crisis y de trabajadores que éstas ponían en la calle antes de tener edad para jubilarse. El juez Martín cree que estos 26 imputados idearon un sistema, o lo mantuvieron a sabiendas de sus «deficiencias» –en varios casos niega que pudieran ignorarlo y alude a la declaración del exconsejero Antonio Fernández que apuntó al conocimiento general en la Junta sobre el sistema–. Con ello postergaron «el servicio de los intereses generales en favor de los de terceros».
Quiénes eran esos terceros a los que se benefició, por qué y cuánto dinero público se defraudó con ello se investiga en el resto de piezas en que la macrocausa iniciada por la jueza Mercedes Alaya fue dividida por su sucesora, María Núñez. La instrucción cerrada ayer por su juez de apoyo se centra en los responsables políticos que impulsaron, mantuvieron o usaron el «procedimiento específico» que lo permitió.
¿Qué era ilegal en el reparto de ayudas?
Eran concedidas por el director general de Trabajo pese a que no era «la autoridad competente» para ello y «eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta». Carecían de «bases reguladoras» y de «convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en acceder a ella, con falta de control del cumplimiento, por parte del perceptor, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda y con ausencia de un control posterior del destino dado» a la misma.
¿Por qué ve el juez prevaricación?
Porque todos los imputados eran autoridades o funcionarios públicos y «mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero». El argumento esgrimido de que el «procedimiento específico» creado en 2000 para dar las ayudas pretendía agilizarlas supone, a juicio del juez, «un mal entendido espíritu de agilización del funcionamiento de la administración». Y en vista de «las deficiencias buscadas o asumidas» que el sistema provocó, «resulta ser una explicación inaceptable».
¿Por qué imputa a unos malversación?
Porque en el año 2005 se produjo un «hito cronológico» del que deriva «una distinta responsabilidad» para 18 investigados. Ese año, un informe de la Intervención sobre el ejercicio 2003 ponía de manifiesto «deficiencias e irregularidades del procedimiento que se estaba empleando para la concesión y tramitación de ayudas y subvenciones». Ese informe, y sucesivos que insistían en ello no sólo de la Intervención sino de la auditora PriceWaterhouse o el bufete Garrigues, iban dirigidos al consejero de Hacienda, entonces Griñán, aunque según su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, se quedaron en su mesa. Al versar sobre ayudas otorgadas por Empleo y que usaban a la Agencia pública IDEA (antes IFA), dependiente de Innovación, como organismo pagador de las mismas, los informes también iban dirigidos a sus responsables.
El auto cita además a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que en su día se refirió a la partida presupuestaria 31L con la que se pagaban estas ayudas como «fondo de reptiles», como «impulsores» del «procedimiento específico» creado. En 2001 Viera y Fernández (entonces director de IFA/IDEA) firmaron el convenio por el que se puso en marcha. Se usó hasta que en 2011 estalló el caso.
Si el interventor avisó ¿por qué está imputado?
Manuel Gómez fue interventor general de la Junta durante la mayor parte del periodo investigado y, como él declaró, emitió varios informes alertando de que el sistema era inadecuado. Sin embargo, es uno de los imputados por presunta prevaricación y malversación. El juez señala que «omitió la adopción de las medidas para impedir que se mantuviese este sistema en los años sucesivos». Además informó favorablemente a varias modificaciones presupuestarias entre 2005 y 2009 para seguir aumentando los fondos destinados a dar ayudas con este procedimiento. Para el juez «estas conductas, omisivas o activas, revisten notable entidad y no cabe entender» que no fuese «plenamente consciente de su alcance» por su «formación y posición de garante».
¿Por qué desimputa a 24 investigados?
Se trata de altos cargos de Empleo, Hacienda o Innovación que no tuvieron «participación consciente» y de entidad» en la obtención o gastos de los fondos, bien por las «limitaciones» de su puesto o porque llegaron después de 2011. También están directivos de IDEA, usado como «caja pagadora» sin poder de decisión sobre la aprobación de las ayudas, y de su Consejo Rector, al que se daba «muy exigua información» de éstas. No obstante, ayer mismo el juez Martín abrió otra macrocausa, a petición del fiscal, para investigar transferencias de financiación de la Junta a IDEA de otros programas distintos al de los ERE que según los interventores también se usaron para fines distintos a los previstos.
¿Hay fecha para el juicio?
No. El auto es recurrible. Hay 3 días para hacerlo en reforma ante el propio juez Martín y 10 para apelar a la Audiencia. Además, el juez está pendiente de recibir documentación extra pedida a la Junta, a la Intervención del Estado y al despacho Garrigues, auque no es clave. Cuando llegue, dará 45 días a las partes para que emitan sus peticiones de archivo o de acusación, con solicitud de penas. Con ello, elevará el auto de apertura de juicio oral a la Audiencia, encargada del caso por las penas de los delitos juzgados.
