El Consejo de Estado ha emitido un informe, a petición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el que advierte que el Parlamento de Andalucía no puede requerir la presencia de la ministra Fátima Báñez en la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en las ayudas para cursos de formación, según informó hoy la Delegación del Gobierno en un comunicado la víspera del día previsto para la comparecencia de Báñez. Desde Ciudadanos, cuyo diputado Julio Díaz preside la comisión y formación que solicitó la comparecencia de Báñez, dejaron claro que el informe no es vinculante y «esperan» que la ministra acuda «a la hora citada».
Báñez estaba citada a comparecer en la comisión y someterse a las preguntas de los diputados de los grupos parlamentarios este lunes a las 18.00 horas, una citación acordada por los grupos en el marco del listado de comparecientes que en su día sólo contó con el rechazo del PP. Según el comunicado remitido por la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Empleo pidió un dictamen al Consejo de Estado que, basándose en «una doctrina consolidada desde 1986» considera que el Parlamento andaluz es «incompetente para requerir la presencia de un ministro tanto por razón del sujeto como del objeto de la comparecencia» al considerar que supondría una invasión de competencias ya que el control a los miembros del Gobierno de la nación corresponde a las Cortes Generales» y los Parlamentos autonómicos «carecen de competencias de control político sobre el Gobierno de la Nación o las autoridades, funcionarios, y cualesquiera otra personas a su servicio». Se da la circunstancia de que ante la repetición de las elecciones generales, convocadas para el 26 de junio, actualmente las Cortes están disueltas y todos los miembros del Gobierno están en funciones desde los comicios de diciembre. La oposición en el Congreso además ha criticado que el Gobierno se ha escudado en el hecho de estar en funciones para no someterse al control parlamentario.
En su dictamen, además, el Consejo de Estado, destaca que «aun cuando el periodo investigado se extiende desde 2002 hasta la actualidad se incluye en la lista de comparecientes a quien ha venido ostentando esta magistratura durante los últimos cuatro años pero no, sin embargo, a quienes ocuparon dicha cartera durante la década precedente, ni tampoco a otros órganos superiores o directivos de dicho ministerio».
El informe establece que «los asuntos de interés público que pueden ser objeto de tales comisiones han de estar necesariamente comprendidos dentro del ámbito competencial propio de la comunidad autónoma» y en concreto la comisión del Parlamento andaluz se centra en la «fiscalización de las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo. El ámbito autononómico al que se ciñeron tales subvenciones y el carácter también autonómico de los órganos que las otorgaron, unido a las distribución constitucional de competencias existente en la materia, son datos que conducen a pensar que la Administración del Estado se mantuvo -en principio y en ausencia de evidencias que pudieran indicar otra cosa- al margen del proceso de concesión de las ayudas en cuestión».
Tanto C’s como Podemos defiende la competencia del Parlamento andaluz para citar a quien «estime oportuno». El portavoz de Podemos en la comisión, Juan Moreno Yagüe, dejó claro que «no es una comisión de control parlamentario, es para investigar» y anunció que si Báñez no comparece «pondremos una denuncia ante el Tribunal Supremo» por «desobediencia»
El Consejo de Estado alude a solicitudes similares rechazadas en la Comisión de Investigación del Prestige constituida en el Parlamento de Galicia, la solicitud de comparecencia del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante las Cortes valencianas, los requerimientos de comparecencia dirigidos a determinadas autoridades y personal del Banco de España y del FROB en la Comisión sobre Caja de Ahorros del Mediterráneo en las Cortes valencianas, o la solicitud de comparecencia al Gobierno y el exGobernador del Banco de España en el Parlamento de Extremadura.
En el caso de Andalucía, en la comisión de investigación sobre el presunto fraude en ayudas sociolaborales para empresas en crisis del caso ERE, comparecieron exministros como Eduardo Zaplana o Javier Arenas, si bien ya no estaban en el cargo.