El 39 por ciento de las separaciones tramitadas en el primer semestre del año en los juzgados andaluces –último dato publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– no fueron con consenso de los miembros de la pareja rota, así como el 48 por ciento de los divorcios. Pero en el caso de la modificación de medidas del régimen establecido en separaciones y divorcios tramitados anteriormente, el consenso para ello fue aún menor: sólo un 17,4 por ciento. Aunque los juzgados siguen siendo la vía más habitual para dirimir separaciones y divorcios, son muchos los agentes judiciales que defienden que no es la más adecuada, sobre todo cuando hay hijos de por medio, entre ellos el juez José Luis Utrera premiado en 2010 por el CGPJ por su Decálogo del Buen Divorcio elaborado y puesto en práctica en el Juzgado de Familia número 5 de Málaga. Con la asesoría de los agentes judiciales y expertos en la materia, la Junta aprobó en 2009 una Ley reguladora de la Mediación Familiar como «proceso extrajudicial para la gestión de conflictos no violentos que pudieran surgir entre los miembros de una familia, mediante la intervención de profesionales especializados que, sin capacidad de decisión sobre el citado conflicto, les asistan facilitando la comunicación, el diálogo y la negociación entre ellos, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas en torno a dicho conflicto». Y entre los conflictos susceptibles de esa mediación, los procedimientos de separaciones y divorcios y todas las medidas a acordar que conllevan (régimen de visitas, guarda y custodia, pensiones alimenticias, etc...) copan el 70 por ciento de los usuarios de un sistema que, no obstante, sigue siendo minoritario pese a que desde hace tres años la Junta cuenta con un registro de mediadores profesionales a disposición de quienes quieran acudir a esta vía.
En este registro hay actualmente 1.631 profesionales inscritos repartidos por todas las provincias. Son en su mayoría psicólogos y abogados pero con una especialización, ya que se les exige para poder inscribirse una formación específica de al menos 300 horas, de las que al menos 60 tendrán carácter práctico. Además, cada tres años, deben actualizar esa formación y acreditar que lo han hecho con cursos de al menos 60 horas.
A 1 de septiembre de 2016, 174 personas han acudido a alguno de estos profesionales registrados para la mediación familiar. La Junta pone a disposición la información de los profesionales especializados disponibles para que el usuario elija pero éstos trabajando de forma privada si bien existe un turno de oficio que se rige por los mismos criterios que la justicia gratuita.
Aunque los divorcios y medidas que conllevan son los principales asuntos tratados, la mediación familiar está también indicada para los conflictos filoparentales no sólo entre padres e hijos biológicos sino también en casos de adopción cuando surgen problemas entre los menores acogidos o las familias adoptantes y biológicas.
