La juez María Núñez ha abierto una nueva pieza en el caso de los ERE por las ayudas de 34 millones de euros que recibieron de la Junta las empresas de dos exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla), en la que acusa a quince personas, entre ellas a dos exconsejeros andaluces.
La nueva pieza de los ERE se denomina «Rosendo-Sayago», el nombre de los dos antiguos concejales, y en ella se acusa de prevaricación y malversación a los exconsejeros socialistas andaluces Antonio Fernández y José Antonio Viera así como al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y al «conseguidor» Juan Lanzas.
En el auto de apertura de la nueva pieza, al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla afirma que los dos exconcejales constituyeron «un numeroso grupo de empresas, estrechamente interrelacionadas entre sí, en el que muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores».
El objetivo real de ellas era «la percepción de ayudas de la Junta de Andalucía y el trasvase de sus fondos a otras sociedades, posibilitándose así mediante este número de sociedades interpuestas que el grupo controlado por ambos percibieran, en connivencia con responsables de la Junta de Andalucía, fraccionadamente y de modo coordinado, múltiples subvenciones».
Al fraccionar las ayudas, según la juez, se evitaba en muchos casos «sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y, en su caso, del Consejo Rector de IFA/IDEA».
Las sociedades de José María Sayago y José Enrique Rosendo, que falleció en enero pasado, estaban divididas en tres grupos, el primero de ello constituido por la entidad municipal de el Ayuntamiento de El Pedroso, Sodelp (Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso).
En el segundo grupo, la entidad matriz sería Arcadia Emprendedora (denominada actualmente Negocio y Economía 24H), «entidad sin trabajadores y sin aparente actividad, más que desde ella controlar al resto de sociedades», señala la juez.
El tercer grupo de empresas estaría constituido por la sociedad cooperativa SAT Virgen del Espino, cuyo presidente, Eduardo Lora Ruiz, tendría vinculaciones a través de sus órganos sociales con ciertas sociedades de Rosendo y Sayago, como Matadero, Al Ballut, Maestrazgo, Sael, Sociedad de Servicios y Envasado.
Rosendo y Sayago controlaban estas empresas por su pertenencia a los órganos sociales; por pertenecerles, bien directamente o a través de las sociedades vinculadas, la mayor parte de las participaciones sociales, siendo los verdaderos dueños de las mismas; y por estar autorizados en sus cuentas, especialmente en las que recibieron las ayudas, concluye la juez.
En esta pieza serán enjuiciados los que de forma activa y consciente participaron en la gestión y concesión de ayudas desde todos los ámbitos administrativos o privados o se beneficiaron ilícitamente de las mismas.
La juez considera responsables de lo ocurrido con estas ayudas, junto a los exconsejeros citados, el «conseguidor» y el exdirector de Trabajo, a José María Sayago Lozano, Antonio Márquez Contreras, Eduardo Lora Ruiz y Rafael Rosendo Villavieja.
También incluye en esta pieza a Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, Rafael Avila Mayo, María José Rofa Vega, Juan Márquez Contreras, Pablo Millán Márquez, María Angeles Gala y Carlos Leal Bonmati.