¿Cuál es el destino final de 7,4 millones de euros en subvenciones otorgadas a cinco entidades para la formación de los desempleados de Delphi? Es la pregunta que se plantea la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha solicitado la jueza María Núñez que le reclame al BBVA los movimientos bancarios y diversos datos de nueve cuentas del grupo empresarial del exconsejero Ángel Ojeda, en las que fueron ingresadas estas ayudas con cargo a la formación.
En un oficio, los agentes piden a la magistrada, dentro de la pieza separada abierta por los 33 millones recibidos por el grupo Prescal para la formación de los extrabajadores de Delphi, que requiera al BBVA para que informe sobre la «identidad de titulares y autorizados que consten» en nueve cuentas del citado «entramado empresarial». La UCO también necesita «todos los datos relativos a los teléfonos de contacto y direcciones postales facilitados en la contratación de correspondientes productos, así como la dirección postal facilitada de envío de correspondencia, y cuantas modificaciones se hayan realizado».
Concretamente, los agentes solicitan la relación de movimientos obrantes en las cuentas entre los ejercicios 2007 y 2012, ambos incluidos, mientras que, en relación a las contrapartidas, pide la «información sobre transferencias Swift, OMF y nacionales, emitidas o recibidas; cambio de divisas; reintegros e ingresos en efectivo y remesas de cheques, indicando tanto emisor como beneficiario de los mismos en cada caso».
El oficio de la Guardia Civil hace esta petición «debido a que los fondos destinados» a estas cuentas «provienen de las subvenciones excepcionales concedidas para la ejecución del Plan Delphi, y que los movimientos identificados no hacen referencia en sus conceptos a pagos relacionados con el fin para el que fueron concedidos». Por ello, destacan que «resultaría necesario continuar con el estudio del canal económico de los mismos con el objetivo de esclarecer el destino último aplicado a ellos». Las cuentas están a nombre de la Agrupación de Empresas Aeronáuticas de Andalucía, Agrupación de Ingenierías Aeronáuticas, Educanet, Inspecciones Técnicas Internacionales, Prescal Prevención, Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad, y Quality & International Aeronautical Services.
La investigación que realiza la UCO sobre el entramado de Ojeda trata de averiguar si «se habían aplicado de forma correcta los fondos públicos otorgados por el Servicio Andaluz de Empleo a las asociaciones controladas por Ángel Ojeda». En total, estas empresas recibieron más de 33 millones de euros destinados a la formación de la plantilla de la desaparecida factoría de automoción.
Fuentes del entorno de Ojeda aseguran que «la tesis de la defensa consiste en acreditar que todos los cursos Delphi se impartieron en su integridad por las cinco asociaciones». Además, aseguran que «todo el dinero se empleó exactamente en dar cumplimiento al fin de la subvención, que todos y cada uno de los euros recibidos están plenamente justificados, contabilizados, revisados por la autoridad fiscal y acreditados». Por ello, concluyen que «razón por la cual, al acreditarse íntegramente la aplicación de todos los fondos recibidos, por más que se analicen las cuentas corrientes de las cinco asociaciones, el resultado siempre, a efectos de la investigación, habrá de ser el mismo».