Naciones Unidas define la violencia de género como la ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo, sobre la base de una relación de dominio del sexo masculino sobre el femenino. La ley estatal de 2004 y la andaluza de 2007 acotaron la definición a los malos tratos en el ámbito de una relación de pareja, siga o no la convivencia. La Junta de Andalucía reformará la norma autonómica para ampliar este concepto con el fin de «adaptarse a la nueva realidad» y abarcar, como establece el Convenio de Estambul de 2011 que vincula a los países de la UE, el abuso y acoso sexual, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la violencia física y sexual contra las mujeres en conflictos armados y prácticas que al amparo de costumbres sociales y culturales tienen a las niñas como víctimas como la ablación o los matrimonios forzados. El Anteproyecto de la reforma, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, incide como ya hizo la nueva Ley de la Infancia en considerar a los hijos de mujeres maltratadas como víctimas pero también tipifica como violencia de género la agresión a los niños para hacer daño a las mujeres. Es decir, como explicó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, el caso Bretón, en el que José Bretón asesinó a sus dos hijos tras la separación de su mujer y madre de éstos, Ruth Ortiz, como venganza por su negativa a volver con él sería considerado violencia de género a efectos del acceso a las ayudas y servicios de atención que la Junta de Andalucía presta a las víctimas de malos tratos. Otra cosa es, matizó Sánchez Rubio, su tratamiento judicial y penal, que requiere que modificaciones del Código Penal que no obstante promueve la propuesta de Pacto de Estado impulsada por el Gobierno andaluz y que la semana pasado contó con el apoyo unánime de todos los grupos en el Congreso de los Diputados para trabajar en ello.
En este sentido, Sánchez Rubio se mostró confiada de que el Pacto de Estado salga adelante y subrayó su importancia porque alertó de que la coordinación de todas las administraciones con competencia en la atención y protección de las víctimas resulta clave y reconoció que «los problemas que estamos detectando» se deben precisamente a «fisuras» en estos mecanismos de coordinación que es necesario corregir para «evitar la cadena de errores que puede llevar al asesinato». Hace unos meses, el Gobierno central modificó el baremo policial para la evaluación de la situación del riesgo de las víctimas tras el asesinato de una mujer a la que el juez denegó una orden de protección porque el informe policial no vio riesgos y la última de las 39 víctimas mortales registradas en lo que va de año (tres en Andalucía además del hijo de una de ellas cuya vida también sesgó el agresor) tenía medidas de protección en vigor, con control policial periódico, que no evitaron el crimen.
La reforma de la ley reforzará «un seguimiento más personalizado de las víctimas» con planes personales de seguridad y profesionales de referencia en los servicios sociales y de atención a las víctimas dependientes de la Junta, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahondará en la implantación de una ventanilla única para evitare el peregrinaje de las víctimas de unos servicios a otros y la dispersión de la información de cada caso.
Aunque es la denuncia la que activa todos los resortes de protección, la norma regula el acceso de las víctimas a pisos de urgencia y casas o centros de acogida «sin presentar la denuncia y hasta tanto la formalice». Para Sánchez Rubio, es «un elemento importante dado el miedo y la situación de coacción» que dificulta que las mujeres den el paso.
La norma impulsará que la formación del profesorado incluya especialización en materia de violencia de género, con el fin de actuar en los casos entre adolescentes; protege los centros municipales de información a la mujer –que peligraron con la Reforma Local al restringir las competencias sociales de los ayuntamientos– como unidades de referencia de atención a la víctima; e incluye el uso del deporte como un ámbito para la prevención y concienciación social promoviendo la «tolerancia cero ante la violencia verbal, ofensiva y denigrante» que en algunos estadios se produce contra mujeres árbitras o deportistas.
En el primer semestre del año, los centros del IAM han atendido a 11.071 mujeres por violencia de género y prestado asistencia psicológica especializada a 1.657, además de a 508 menores hijos de maltratadas y 77 víctimas adolescentes. El servicio de información y asistencia jurídica y legal ha atendido a 1.582 mujeres afectadas por malos tratos, abusos sexuales e impagos de pensiones. Por los centros de acogida han pasado 580 mujeres con 626 menores a su cargo.