El juicio contra M.T.S. acusado de estafar durante cinco años seguidos a un total de 307 personas con la venta de objetos por internet que ofertaba pero que, tras el pago, no habría remitido, se celebrará en la Audiencia Provincia de Almería el próximo 22 de enero.
El acusado, para el que la Fiscalía pide nueve años de prisión, se habría hecho con un beneficio ilícito de más de 121.000 euros, según recoge la calificación provisional de los hechos, consultada por Europa Press.
Además, el Ministerio Público reclama además otros seis años de prisión para cada uno de sus dos colaboradores identificados como J.M.C.M. y D.M.G. por contribuir a la estafa, así como distintas multas para cada uno de ellos y a la devolución de todas las cantidades percibidas por cada una de las personas que fueron estafadas entre mayo de 2009 y diciembre de 2013.
Según los hechos señalados por el Ministerio Público, los tres hombres se habrían concertado entre sí para obtener dinero mediante la publicación de anuncios en populares páginas web de venta por internet entre particulares, donde ofertaban entre otros productos robots de cocina, equipos de música, ordenadores o teléfonos móviles de alta gama.
Así, exhibían sus ofertas con precios inferiores al valor de los productos en el mercado real "para atraer a posibles compradores", si bien todos los artículos eran "inexistentes". Así, para dar apariencia de veracidad a la publicidad, aportaban datos del vendedor como nombre, DNI y teléfono de contacto a partir de documentos de identificación personal "sustraídos y extraviados".
Igualmente, para evitar ser localizados, los implicados en la trama se habrían servido de teléfonos con números prepago "adquiridos por personas no identificadas relacionadas con los acusados o con nombres ficticios".
Con este sistema, los compradores "al ver el anuncio y en la creencia de que era real el producto ofertado", por lo que "tras su abono les iba a ser remitido", contactaban con M.T.S., quien "se hacía pasar por el vendedor, asumiendo los datos de identidad de personas ajenas a los hechos" a partir de los DNI sustraídos o extraviados, según sostiene la Fiscalía.