La Junta de Andalucía se convirtió ayer en el primer gobierno autonómico en llevar al Parlamento su proyecto de presupuestos para 2017, que ascenderán a 33.239,5 millones de euros y que cuentan con el aval de un preacuerdo entre el PSOE y C’s) para ser aprobados el 22 de diciembre. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró dispuesta a «intentar tender la mano para que pueda haber acuerdo con diferentes grupos políticos». Pero será difícil a tenor de la falta de credibilidad que estas cuentas suscitaron ayer en la oposición de PP, Podemos e IU que, además, coincidieron en afear al Gobierno socialista la falta de diálogo para elaborar el proyecto.
El proyecto de presupuestos llegó ayer a la Cámara andaluza pero el Gobierno lleva días anunciando que ocho de cada diez euros se destinan a gasto social (9.304 millones para Sanidad, 6.301 para Educación, 1.400 para Universidad o 1.161 para Dependencia; que fomentará la creación de 65.000 empleos del sector privado y 20.000 públicos (7.500 a través de ofertas públicas de empleo y el resto mediante planes de empleo subvencionados); o que los intereses de los créditos estatales y otras amortizaciones obligarán a la Junta a destinar 4.162 millones al pago de deuda, más de la mitad de lo destinado a inversión real pública.
Pero una ojeada minuciosa al proyecto revela varias novedades en materia de control interno de subvenciones y ayudas y de la gestión del dinero público por parte de la Junta, que en los últimos años ha visto a sus más altos cargos desfilar por los juzgados por el fraude en ayudas como las destinadas a ERE de empresas en crisis o la formación de parados fruto del descontrol en la gestión de las mismas.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, prometió tras las elecciones de 2015 crear una oficina antifraude que aún hoy carece de proyecto concreto aunque en el reciente debate sobre el estado de la comunidad volvió a anunciar su inminente puesta en marcha. El PSOE rechazó en su día una iniciativa de Podemos para la creación de un organismo específico al respecto presupuestado en tres millones de euros. En el proyecto de presupuestos se apunta la creación de una Oficina para la prevención de la corrupción con la función de investigar posibles casos y labores de prevención mediante una Comisión Consultiva adscrita a la Viceconsejería de Hacienda. Recoge que el director de esta oficina será nombrado por el Consejo de Gobierno «a propuesta de un tribunal formado por las personas titulares de la Inspección General de Servicios, la Intervención General de la Junta y el Gabinete Jurídico entre personal funcionario de carrera con más de 15 años de servicio activo y reconocida experiencia».
Sin embargo, no se concreta el plazo para la puesta en marcha de esta oficina ni una partida para la misma, aunque desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de la que depende la Intervención General o la Agencia Tributaria (con 70 millones de presupuesto), aseguran que está contemplada en su presupuesto.
Existe un programa de Control interno y contabilidad pública, dotado con 17,2 millones de euros (casi 15 para personal que supuestamente procederá de organismos supervisores ya existentes y de puestos específicos que se ofertarán en las oposiciones del próximo año para la administración general de la Junta). Este capítulo prevé entre otras cuestiones realizar cinco auditorías de los sistemas de gestión y control de la Junta, 441 controles financieros y 42 específicamente de programas financiados con los fondos europeos de garantía agraria, diez controles de subvenciones autofinanciadas, cinco sobre propuestas de reintegro y 200 sobre inversiones, entre otros.
Sector públlico
El proyecto contempla varias disposiciones centradas en aumentar el control financiero, a priori y a posteriori, de las modificaciones presupuestarias, gastos corrientes, contrataciones que pueden hacer no sólo los departamentos del Ejecutivo sino las agencias públicas de régimen especial y entes instrumentos sino también las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles. Se prevé crear una Base de Datos de Subvenciones en la que deberá hacerse constar toda la información al respecto según instrucciones de la Intervención General.
Una de las exigencias de C’s es la reducción de entes públicos «no productivos», la llamada «administración paralela» que el PP también exige eliminar, además de reducir altos cargos (por cierto, la retribución del Consejo de Gobierno se congela siendo el salario fijado para la presidenta de la Junta de 64.446’36 euros anuales en doce pagas). Cinco se suprimirán el próximo año y otros ocho están en proceso de liquidación y 27 entes instrumentales (entre ellos Canal Sur, Veiasa, Cetursa Sierra Nevada, Sandetel o Aerópolis) deberán autofinanciarse con recursos propios ya que no recibirán subvenciones ni transferencias de financiación de la Junta.
2.000 plazas de guardería y 132 centros bilingües
El presupuesto en Educación ascenderá a 6.103 millones de euros, de los que 231,8 millones de euros se destinarán a los servicios de apoyo a la familia como el plan de apertura de centros (aula matinal, comedor y actividades extraescolares), el transporte escolar y la gratuidad de los libros de texto. Además, se crearán 2.000 plazas más de educación infantil para niños de 0 a 3 años y 132 centros se incorporarán al plan de bilingüismo hasta alcanzar los 1.337. Unos 10.000 estudiantes se beneficiarán de la Beca 6000 y otros 900 de la Adriano para continuar los estudios, 650 de la Beca Segunda Oportunidad para retomarlos.
Tratamiento para 12.000 enfermos de hepatitis C
El presupuesto global para Sanidad sumará 9.304 millones de los que 124 se destinarán a nuevas construcciones y reformas de edificios sanitarios como el hospital de La Línea de la Concepción, que abrirá sus puertas el próximo año, el banco de leche materna del Hospital Reina Sofía de Córdoba (2,1 millones) o el centro de salud Huerta de la Reina en Córdoba (3 millones). La Junta financiará los tratamientos innovadores para 12.000 enfermos andaluces de hepatitis C con 141 millones de euros y el nuevo sistema de Atención Temprana contará con 11 millones más para atender a 19.700 niños con problemas de desarrollo. 29 millones se destinarán a investigación biomédica.
Atender a 56.951 dependientes moderados
El sistema de atención a la dependencia cuenta en 2017 con 1.164 millones de euros de los que 999 millones son directamente –entre ayudas económicas y el personal que presta los servicios– para atender a unos 180.000 dependientes, entre ellos 56.951 moderados que accedieron al derecho a esta ayuda el año pasado tras el retraso del Gobierno central al desarrollo de la ley. La Junta se queja de que con este presupuesto sostendrá el 78 por ciento del sistema y el Estado sólo el 22 por ciento. La demora media para reconocer el grado de dependencia a una persona es de 137 días.
4.350 pensiones asistenciales y 2,5 euros extra
El presupuesto contempla 22,6 millones de euros para las pensiones asistenciales. En concreto, en Andalucía se calcula que el próximo año habrá 4.350 beneficiarios de las pensiones del Fondo de Asistencia Social, en extinción, para mayores de 65 años y personas con discapacidad que no pueden trabajar (perciben 2.098 euros al año) y beneficiarios del ingreso mínimo de solidaridad. Además, en Andalucía hay 103.500 perceptores de pensiones no contributivas, que paga el Estado pero a los que la Junta les complementa estas pensiones un 2 por ciento, 123 euros al año (2,5 euros más que este ejercicio).
Rehabilitación de 3.331 pisos y tanteo sobre 24
El próximo año la Junta prevé que entre en vigor la Ley de Tanteo y Retracto que permitirá comprar pisos en subasta pública para evitar desahucios. La previsión es ejercer este derecho sobre 24 viviendas. El presupuesto contempla 29 millones para ayudas al alquiler y unos 40 millones para planes de rehabilitación de unas 3.300 viviendas del parque público además de barriadas y actuaciones sobre infravivienda. En total, la Consejería de Fomento y Vivienda contará con un presupuesto de 832,5 millones de los que unos 290 serán para vivienda y el resto para obra pública.
Salario Social para 93.595 personas
El presupuesto de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales contempla 188,5 millones para programas de inclusión social, entre ellos el Ingreso Mínimo de Solidaridad para quienes han agotado todas las prestaciones y a la espera de legislar sobre la renta básica. La previsión es de 93.595 beneficiarios de esta ayuda, conocida como Salario Social. Además hay 55,5 millones presupuestados para el programa de garantía alimentaria que, a través de los comedores escolares y escuelas de verano, garantiza tres comidas al día a unos 30.000 niños de familias en riesgo de exclusión.
