La Ley de Extranjería prevé, entre otras medidas cautelares mientras se tramita la expulsión de inmigrantes en situación irregular, su ingreso en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) pero no obliga a ellos sino que permite adoptar otras medidas como la personación periódica en los juzgados o la retirada de documentación. En cualquier caso, es una medida transitoria ante su expulsión, una expulsión que sólo es posible si se acredita la nacionalidad de los inmigrantes y existe convenio de extradición con el país en cuestión, algo que sólo es posible en el caso del 32 por ciento de los internados en el CIE de Algeciras y en el 5 por ciento de los de Tarifa.
Por ello, Podemos llevará al Parlamento una Proposición no de ley para instar a la Junta a que a su vez presione al Gobierno para el cierre de los CIE de Algeciras y Tarifa, ya solicitado por la Defensora del Pueblo Español y la Fiscalía General del Estado, en el primer caso por las malas condiciones del edificio -una antigua cárcel cerrada en 2003 por riesgo de derrumbe y con salas precintadas por ello- y en el segundo por su carácter «ilegal» ya que es un anexo del de Algeciras pero en la práctica funciona como otro CIE sin que haya ninguna norma que regule su creación.