El exconsejero de Innovación Martín Soler ha declarado hoy que en la agencia pública IDEA que pagaba las ayudas que concedía la Consejería de Empleo investigadas en el caso ERE “nunca” se recibió “ninguna advertencia” de ilegalidad sobre éstas ya que “la apariencia de legalidad era total”.
Soler ha declarado como testigo en el juicio de la pieza política de los ERE en la que estuvo investigado aunque finalmente el instructor archivó la causa contra él, una causa en la que están siendo juzgados 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por crear y mantener un “procedimiento específico” con el que se repartieron en una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
Según la Fiscalía y las acusaciones, las ayudas se daban de forma arbitraria y eludiendo los controles al pagarlas a través de la agencia pública IDEA con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación para eludir la fiscalización previa.
Soler fue consejero de Innovación entre abril de 2009 y febrero de 2010 y ha reconocido que cuando llegó al cargo en la agencia pública IDEA existía un “ambiente quejoso” por el hecho de que la entidad siguiera abonando unas ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo, ya que desde 2004 IDEA ya no estaba adscrita a la Consejería de Empleo sino a la de Innovación.
No obstante ha señalado que ese era el motivo de queja pero no había dudas sobre la legalidad de la tarea “encomendada” a IDEA de pagar ayudas que daba Empleo con fondos que enviaba esta consejería.
“Yo nunca recibí que este programa pudiera preocupar más allá de ‘por qué no lo lleva Empleo’”, ha recalcado, tras subrayar que “la apariencia de legalidad era tan evidente que es imposible que alguien pudiera pensar que había alguna ilegalidad” tras estas ayudas respecto a las que el único papel de IDEA era pagar.
Durante su etapa Soler no recibió ningún informe de Control Financiero Permanente de IDEA elaborado por la Intervención ni le comentaron nada al respecto, al que ha dicho entender porque no contenían “ninguna advertencia legal” respecto a la actuación de IDEA e incluso señalaban “de manera taxativa, clara y nítida que aquello que competía a IDEA cumplía la legalidad”.
Tampoco en los Consejos Rectores de IDEA a los que asistió en su etapa en el cargo se planteó ninguna duda de legalidad por parte de los consejeros ni del secretario general de la agencia “encargado de velar” por la seguridad jurídica de las actuaciones de la entidad.
Durante su mandato la herramienta financiera para pagar las ayudas a través de IDEA cambió de transferencias de financiación a encomienda de gestión, si bien Martín Soler ha reconocido para ser “honesto” con él mismo porque “podía estar aquí también imputado” que de eso se ha enterado en la causa, pues fue fruto de un proceso de mejora del sistema que llevaron los viceconsejeros de Empleo e Innovación con la Dirección de Trabajo siguiendo las recomendaciones de la Intervención.