El Sevilla vive una situación de incertidumbre que va más allá de lo deportivo. Hace unos días se conoció que la Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia contra su presidente, José Castro, por la posible comisión de delitos en el ejercicio de su cargo. En concreto, considera que existen indicios de un delito de administración desleal o apropiación indebida por utilizar una cuenta del club para gastos que no están relacionados con el desempeño de su cargo. Entre ellos, una transferencia por importe de 50.000 euros a Solo Alquiler Castro Utrera SL; viajes a Santo Domingo (34.228,12 euros en marzo de 2014 y 4.401 en octubre de 2014); la liberación del código de un Iphone; entradas para conciertos; o el pago de una multa de tráfico.
El importe de estos cargos considerados como no relacionados con el puesto que ocupa Castro en el Sevilla ascendió a casi 120.000 euros. El importe total de su debe en el club a fecha de 11 de julio ascendía a 325.102,80. Esta suma, según Castro, fue ya devuelta.
Los consejeros del Sevilla disponen de una cuenta a la que imputan sus gastos relacionados con la entidad (viajes con el equipo, abonos, entradas, tienda oficial...). Castro, sin embargo, habría utilizado su cuenta a modo de línea de crédito a la que cargó gastos personales entre 2013 y 2017 sin relación con el desempeño de su cargo de presidente.
El Correo muestra en esta información los documentos, con certificación notarial, en los que aparecen los movimientos de la cuenta del presidente y en los que se ha basado la Fiscalía para presentar su denuncia. La entidad se remitió este lunes a las palabras del propio Castro y de sus abogados sobre el asunto tras la llamada de El Correo.
Días atrás, el presidente decía esto cuando se le preguntaba al respecto durante la presentación de Arana: «Es lo mismo de julio, lo mismo de la junta de accionistas, hay a quien le interesa que haya ruido. Tengo la conciencia tranquila, no he hecho nada fuera de la ley y esto acabará archivado».
La denuncia presentada por la Fiscalía llega después de que ésta abriera el pasado mes de octubre una investigación a raíz de la denuncia presentada por el abogado y accionista Agustín Martínez a principios de agosto alertando de diversas irregularidades en la gestión del club, tal y como como adelantó El Correo. Las pesquisas iniciadas entonces llevaron a la Policía Judicial a realizar un registro en las dependencias del Sánchez-Pizjuán para recabar documentación y revisarla.
