Pasados dos meses y medio desde que se abriera el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas agrarias comunitarias e incluso alguna semana más desde que las organizaciones del campo difundieran entre sus socios los borradores de las subvenciones a la instalación de nuevos productores, no hay noticias de la Consejería de Agricultura sobre las normativas autonómicas que deben fijar los requisitos para la concesión. No están publicadas en el BOJA y quienes aspiran a ellas ven cómo el tiempo pasa sin atreverse mover un papel. Tanto, que ya se ha agotado todo el periodo inicial –era hasta el 15 de mayo– y nos adentramos en la prórroga de un mes –15 de junio– concedida por Bruselas para pedir los dineros de la PAC.
La paciencia se está agotando, máxime cuando el departamento dirigido en funciones por Elena Víboras lleva apelando al término «inminente» para unas normativas que no terminan de llegar. Fuentes de la patronal Asaja-Sevilla no dudan en hablar de las evidentes consecuencias de la «parálisis» del Ejecutivo regional primero por la convocatoria anticipada de elecciones y más tarde por la no conformación de gobierno ante la ausencia de mayoría absoluta y pactos entre las formaciones políticas. No es menor el tono al que ayer recurrió COAG de Andalucía, que habló abiertamente de la «inoperancia de los responsables políticos en materia agraria», en velada referencia a la consejera Víboras. «¿Consejera de qué?», ironizaron en Asaja.
Lo cierto y verdad es que ya hacía tiempo que ambas –y distintas– organizaciones del agro andaluz no coincidían en críticas tan sonoras contra Agricultura. Las de la COAG, que lidera Miguel López, se centran en los retrasos en la normativa de las ayudas a los jóvenes agricultores –de hecho, en su día, altos cargos de la Consejería acudieron a jornadas para explicar el contenido–, mientras que Asaja, cuyo presidente es Ricardo Serra, amplía su denuncia a la aún también sin publicar normativa de primas agroambientales y la orden de cambios para el Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas, considerado como el gran hermano de las fincas y sus cultivos).
«El departamento que dirige Elena Víboras lleva meses acumulando retrasos y borradores mientras cientos de jóvenes andaluces esperan la publicación de una orden que es vital para la creación de empleo en el medio rural», comentan en COAG.
«Los jóvenes andaluces ven con impaciencia cómo los de otras comunidades no solo se han visto apoyados para iniciarse en la actividad agraria, sino que también consiguen acceder a la Reserva Nacional (es un recurso que tiene el Estado para asignar derechos de pago atendiendo a criterios objetivos, que garanticen la igualdad de trato entre agricultores y eviten distorsiones del mercado y la competencia). El plazo para solicitar el acceso coincide con el de las solicitudes PAC, por lo que en un año normal ya habría terminado el plazo, si bien en este se prolonga hasta el 15 de junio. De ahí la necesidad de una publicación inminente para no perder también la convocatoria de 2015. Si esto no ocurre, cientos de jóvenes andaluces, hartos de esperar, están dispuestos a movilizarse», dijeron en COAG.
Y de sacar sus protestas a la calle también hablan en Asaja. «De esta semana no puede pasar (que entren en vigor las distintas normativas). Estamos ya muy calentitos», relatan en la patronal, que, además de la «parálisis» de la Junta, recuerdan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que impide ejercer labores de funcionarios a quienes (personal de empresas públicas, como Tragsa) no lo son. «Esto ha reducido los técnicos, quienes realmente saben, y no los políticos».
El problema adicional: que sin la solicitud de la PAC las entidades financieras no adelantan el importe (vía crédito), lo que dificulta la obtención de liquidez por parte de los agricultores y ganaderos para costes e inversiones.