El esfuerzo por mantener en estos años las coberturas sociales ha sido creciente en relación con los recursos del país, como confirma el dato de que el gasto en protección social como porcentaje del PIB haya aumentado sustancialmente en 2013 respecto a 2007 en todas las comunidades». Es el resultado del aumento del volumen de gasto en términos nominales y la caída del PIB. Asturias fue la región con mayor nivel de desembolso en protección social sobre el PIB, entre otras cosas por el plan especial del carbón, y le sigue Extremadura, debido en este caso a su menor renta por habitante. Si España tenía el índice 100, Andalucía era quinta por la cola (88,9), superando sólo a Baleares, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. En cambio, lideraron Asturias (145,3), País Vasco, Navarra y Cantabria.
Las diferencias entre autonomías en gasto público por habitante en educación, sanidad y protección social alcanzaron el 60 por ciento en 2013, pese a que las necesidades de los distintos territorios solo explican un tercio de esta desigualdad, que obedece a razones históricas y políticas, según el estudio de la Fundación BBVA y el IVIE. La distancia entre regiones en gasto por habitante llega a 55 puntos porcentuales en educación, a 37 en sanidad y a 87 en protección social (incluye pensiones, desempleo, dependencia y servicios sociales y está gestionado en su mayoría por la administración central y la Seguridad Social). El desembolso en estos servicios públicos fundamentales representa el 60 por ciento del gasto público total y un 41 por ciento lo realizan las comunidades –el 40 restante es de la Seguridad Social–