Nadie está exento de ser rescatado, a veces en situaciones de riesgo grave para la vida, por los bomberos, la policía o los sanitarios de los servicios de emergencias, que por ley tienen encargado ese cometido. Pero, ¿Cuándo tienen que ser los ciudadanos quienes paguen por esas actuaciones?
Esta semana, una joven alicantina denunció el envío de un recibo en el que el Ayuntamiento de su ciudad le reclamaba 211 euros por la intervención de varias dotaciones de bomberos en abril de 2022, cuando esta chica intentó suicidarse en su domicilio mediante la ingesta de medicamentos antidepresivos.
El caso dio el salto a las redes sociales y el elevado revuelo generado provocó la rectificación del Ayuntamiento de Alicante, que además de no cobrar ese servicio, estudiará modificar la ordenanza municipal que regula el pago de las tasas relativas al desplazamiento y la intervención de los equipos de emergencias locales.
Y es que, según explica a EFE el coordinador de bomberos del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) y cabo del cuerpo en la ciudad de Valencia, Carlos Conde, la política de cobro a los ciudadanos que reciben la atención de los servicios de emergencias «depende de la normativa municipal o provincial» de cada territorio.
Sin embargo, en términos generales, tasas como las que el Ayuntamiento de Alicante reclamó a la citada joven sólo corren a cargo de los ciudadanos «cuando no se da una situación de riesgo vital», o bien en casos en los que se determine la comisión de una «negligencia» o «imprudencia», indica Conde.
«La línea es a veces muy fina», prosigue, por lo que en muchas ocasiones la decisión es tomada por el jefe de servicio en la intervención.
Por ejemplo, suele ser habitual el cobro de tasas al ciudadano cuando los bomberos tienen que abrir la puerta de un domicilio y en su interior no existe ninguna situación de riesgo grave para alguna persona.