La operación que está desarrollando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por corrupción en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, suma un total de 12 detenidos por ocho diferentes delitos de corrupción, que son los de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios, han informado fuentes jurídicas.
Entre los detenidos se encuentra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y la investigación se centra, según las mismas fuentes, en personas vinculadas a la Administración Autonómica madrileña anterior. Se investigan operaciones llevadas a cabo para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio.
La causa judicial, declarada secreta, se abrió a raíz de una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio, si bien las diligencias fiscales fueron iniciadas un año antes, en 2015, han precisado fuentes del Ministerio Público.
La investigación de estas irregularidades, por lo tanto, es bastante anterior a la investigación interna que fue anunciada en mayo de 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes. En dicha ocasión, la Comunidad de Madrid informó de que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013.
Desde la presentación de la querella el pasado verano ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se han llevado a cabo por la UCO toda una serie de diligencias que han culminado en las detenciones y registros que se están produciendo este miércoles, día en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a declarar, en calidad de testigo, a cinco personas por este asunto entre las que se encuentran la actual presidenta autonómica de Madrid, Cristina Cifuentes, y al portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Angel Garrido.
Este miércoles, un destacado dispositivo de la UCO de la Guardia Civil, de unos 20 efectivos, se han personado en la sede del Canal de Isabel II ubicada en la calle Santa Engracia para recabar diversa documentación en las oficinas de la entidad.
Según explicó Garrido en su momento, se investigaba de forma interna una compra realizada por el Canal en noviembre de 2013 de una empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por un importe de 21 millones de euros. Un año después el valor contable era de cinco millones.
A los nuevos gestores esta operación le parecía a primera vista «anómala» y por eso la puso en conocimiento de la Fiscalía, para determinar si alguna de estas anomalías eran constitutivas de delito. Otras operaciones sospechosas remitían al directivo ya cesado Edmundo Rodríguez que fue presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), empresa del Grupo Canal en Colombia.
Además, el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de esta compañía por parte del Canal de Isabel II. Por otro lado, el Canal procedió al cese de la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, por pérdida de confianza por su participación en la compra de Emissao.