Transcurrida una semana desde que se les vio por última vez a Tomás Antonio G.C. y a sus hijas, Olivia y Anna, son muchas las incógnitas y pocas las certezas, al menos que hayan trascendido, de una investigación que discurre en paralelo a la búsqueda de los desaparecidos en el mar.
Desde el principio, el caso fue calificado de alto riesgo por la concurrencia de diversos factores, el más inquietante, las conversaciones telefónicas del padre con su expareja y madre de las niñas, a la que le dijo que jamás volvería a verlas y tampoco a él.
En todo este tiempo, los investigadores insisten machaconamente en que hay varias líneas abiertas y en que se barajan diferentes hipótesis.
Las más recurrentes, el secuestro parental, que es de hecho el delito en el que el juzgado que instruye el caso lo circunscribe, o el homicidio o asesinato de las niñas y el posterior suicidio del padre.
Un amplio despliegue de medios técnicos y humanos peina desde hace una semana la isla de Tenerife por tierra, mar y aire en busca de cualquier pista que permita dar con el paradero de los desaparecidos, y, en paralelo, ayude a reconstruir los últimos movimientos del padre.
Fue en el mar donde se le perdió la vista al padre, que aquella noche, entre el martes y el miércoles de la semana pasada, después de no devolver a las niñas a su madre a la hora acordada, zarpó en su lancha desde la Marina deportiva del puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Embarcó solo, como recogieron las cámaras de seguridad del puerto donde tiene el amarre y como corroboró un vigilante, que también lo vio cargando en su embarcación maletas y bolsas.
La lancha, en la que la Guardia Civil halló una mancha de sangre, que resultó ser de Tomás Antonio G.C., fue localizada horas después a la deriva y sin nadie a bordo frente al Puertito de Güímar.
En las proximidades hallaron flotando en el agua una sillita de retención infantil de una de las niñas.
Al remolcarla de nuevo al puerto, los investigadores repararon en que la lancha, de seis metros de eslora y con un pequeño camarote, no tenía el ancla. Tampoco tenía activado ningún sistema de geolocalización.
Fuentes cercanas al caso consultadas por Efe indican que una de las líneas de investigación trata de determinar si Tomás contó con la ayuda de tercera o terceras personas para la ejecución de un plan preconcebido.
En este contexto, el juzgado de Güímar que instruye las diligencias, declaradas secretas, emitió un requerimiento a varias entidades financieras para averiguar si el padre de las niñas realizó algún movimiento o extrajo efectivo en una cantidad notoria en los días previos a la desaparición.
Además, la juez decretó una orden de búsqueda internacional a la par que las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia en puertos y aeropuertos.
La madre de las niñas ya se había quejado el pasado mes de diciembre ante la Guardia Civil de que su expareja la había amenazado verbalmente, pero no quiso presentar denuncia.
No obstante, los agentes realizaron un seguimiento de oficio y, en marzo, volvieron a preguntarle. La mujer dijo entonces que el episodio de las amenazas de diciembre no se había repetido.
Según confirmaron a Efe fuentes de la investigación, a Tomás Antonio G.C. le constan antecedentes penales por amenazas y peleas.
Su vivienda, una casa terrera en Igueste de Candelaria, donde las niñas estuvieron la tarde previa a su desaparición, ha sido objeto de varios registros, el último este lunes, en busca de cualquier indicio que arroje luz al caso.