El aumento hasta las cinco semanas de los permisos de paternidad, el acuerdo para lograr los 120 millones comprometidos a las comunidades autónomas para violencia de género y la rebaja del IVA a algunos servicios para la Dependencia, son algunos de las novedades que, en materia social, se pondrán en marcha con la aprobación, este miércoles, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.
Que los progenitores cuenten con una semana más este año para el cuidado de sus hijos es consecuencia del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy al que llegaron PP y Ciudadanos. En él que se pedía un aumento inicial, para 2017, para que los padres tuvieran una baja de cuatro semanas por el nacimiento de un hijo. Este periodo debía ser ampliado a razón de una semana por año, de manera que ahora este permiso llega a las cinco semanas.
No es el único cambio en este ámbito que recoge estos nuevos PGE. Gracias a una enmienda pactada por Unidos Podemos y PP, los funcionarios públicos podrán usar sus 5 semanas de la forma que mejor consideren. De este modo, se elimina la restricción por la cual se imponía que estos días de baja tuvieran que tomarse de forma simultánea que las de la madre.
La aprobación de las cuentas propuestas por el Gobierno, también han supuesto una rebaja del IVA, del 10% al 4% de los servicios de dependencia que estén financiados públicamente más de un 10%. En el texto, que fue negociado entre PDeCAT y PP, se explica que esta bajada afecta a servicios como la teleasistencias o las residencias de día y de noche, entre otros que se recogen en la Ley de Dependencia.
“Tendrá una gran repercusión en la ciudadanía”, ha explicado a Europa Press el portavoz de Presupuestos de PDeCAT e impulsor de esta medida, Ferran Bel, quien ha señalado que, de esta iniciativa podrán beneficiarse en Cataluña los servicios a dependientes de grado 2 y 3, e incluso algunos de grado 1. En el resto de España, ha dicho que quedarían fuera algunos de grado 2, pero “sólo aquellos que vayan a rentas muy elevadas”.
Pero unos de los acuerdos que más consenso ha conseguido en la Cámara, ya que salió adelante por unanimidad, es el que redactaron conjuntamente todos los grupos para exigir la inclusión en los PGE de los 120 millones acordados en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista y que debían destinarse a las políticas que, sobre esta materia, tienen competencia las comunidades autónomas.