Uno de los sectores que peor lo han pasado, en lo que a carga de trabajo y su estrés correspondiente se refiere, ha sido el de los administradores de fincas. La pandemia, y el confinamiento que asedió nuestro país durante casi tres meses, ha traído consecuencias que serán muy difíciles de paliar, al menos, a corto plazo.
Para profundizar más en el tema, El Correo de Andalucía ha podido tener acceso a una administradora de fincas que tiene varias comunidades a su cargo en toda la provincia de Sevilla. Su testimonio, sirve para dar voz a esta microeconomía que tantos dolores de cabeza está padeciendo.
Confinamiento
El 15 de marzo de 2020, con el decreto del Estado de Alarma, todos los administradores de fincas tuvieron que adaptar su trabajo a la modalidad online, ya que están considerados como actividad esencial. Tras las adaptaciones de los ordenadores de casa para que se asimilaran lo máximo posible al de las oficinas, a través de las IP, se consiguió poner en marcha, en tiempo récord, el teletrabajo. De este modo se pudo mantener el contacto con los propietarios y no dejarlos desatendidos pese a la situación de crisis sanitaria.
No fueron semanas fáciles, algunos no pararon de trabajar ni un solo día, ni siquiera los domingos, que se complementaban con una atención a sus clientes a través de videollamadas y demás formas telemáticas. Además, tenían que salir de sus casas para acudir a sus respectivas oficinas para recoger documentación casi a diario, ya que las facturas y demás recibos continuaban llegando.
A todas estas se les sumaron el aumento de medidas de seguridad, lo que conllevaba un aumento de los gastos, especialmente durante la desescalada.
Desescalada
Bien entrado el mes de mayo, llegó la ansiada desescalada, la cual no tuvo mucha repercusión en el sector, debido al miedo que todavía permanecía en la población, sobre todo en los más mayores. Por lo tanto, se siguió el mismo modus operandi que durante el confinamiento, con la única diferencia de que los administradores de fincas ya podían personarse en las diferentes comunidades para tratar diversos problemas, e incluso realizar reuniones presenciales con pequeños grupos de gente, dependiendo siempre de la fase en la que se encontrasen.
Los sobrecostes presupuestarios, mencionados up supra, se debieron en su mayoría a los productos y materiales de limpieza necesarios para la desinfección general de los edificios, cosa que, hasta la llegada de la pandemia, no se tenía tan en cuenta. Estos incrementos han supuesto entre un 15% y un 20% en el caso de comunidades con piscina, y entre el 5% y el 7% en las que carecían de ella.
Por este motivo, muchas comunidades con piscina decidieron no abrirlas, ya que los gastos de mantenimiento teniendo en cuenta los protocolos por covid-19, ascendían a cantidades que oscilaban entre los 5.000€ y 8.000€. Obviamente, esto trajo muchas disputas entre vecinos, de las que su mayoría tuvieron que hacerse cargo los administradores de fincas.
Nueva normalidad/Verano
Cuando ya no se hablaba tanto del coronavirus, concretamente durante los meses veraniegos, en los que la nueva normalidad dio la posibilidad de “recuperar” el tiempo perdido, los administradores de fincas seguían al pie del cañón, quedándose muchos de ellos sin vacaciones, por tal de no dejar que se siguiera acumulando el trabajo.
Tras unas primeras semanas con una carga de trabajo inmensa, derivada sobre todo por el incremento de las reuniones atrasadas, se pudo estabilizar la situación, consiguiendo así un verano “tranquilo”. Enfatizamos el término “tranquilo”, porque no cesaron las tremolinas entre los copropietarios, debido al reajuste de los presupuestos para arreglar los desperfectos que se dieron durante el confinamiento.
Es destacable el espectacular tránsito de emails entre los administradores y sus clientes para ajustar los ya mencionados presupuestos entre otras cosas, los cuales no podían ser desatendidos pese a ser agosto y hacer un precioso día de playa. A parte de lo relacionado con los presupuestos, cuando había un caso positivo en covid-19, los administradores de fincas tenían la obligación de comunicarlos a la Junta de Andalucía, por lo que se aumentaba, más si cabe, la carga laboral de estos.
Nuevo curso
Ya pasado el verano, cuando comenzaron a aumentar los contagios y nos quisimos dar cuenta, ya estábamos inmersos en la segunda ola de la pandemia, lo que conllevaba, de nuevo, la vuelta a las restricciones. Es decir, se dejaron de hacer reuniones presenciales con las comunidades, comenzó una vez más la lluvia incesante de emails y demás trámites burocráticos.
Hasta llegar al día de hoy, donde los confinamientos perimetrales están al orden del día y el alto índice de contagios en algunos municipios han obligado a este sector a readaptarse de nuevo al teletrabajo, sin dejar de pensar en los problemas que vendrán cuando todo esto pase.
La morosidad, la asignatura pendiente
Después de haber visto en líneas generales los problemas a los que han tenido, y van a tener que seguir enfrentándose, veamos de una forma gráfica uno de lo más destacados: la morosidad. Lo haremos tomando como ejemplo tres comunidades de vecinos de la provincia de Sevilla las cuales, para respetar así la Ley Orgánica de Protección de Datos, serán nombradas como: X, Y, Z.
Como veremos en esta muestra, no todas tienen una tendencia ascendente en sus deudas. Cada una presenta una evolución distinta, pero a nivel provincial, la amplia mayoría, sí que han incrementado sus deudas.
Comencemos por la Comunidad X. Esta se trata de una comunidad de vecinos situada en el Aljarafe sevillano, y cuenta con una piscina en sus instalaciones. En la gráfica podemos apreciar como en tan solo diez meses sus deudas han aumentado en más de 4.000€, lo que supone un incremento de la morosidad del 35,78%.