El Gobierno boliviano decidió este jueves retirar el permiso de operaciones de la aerolínea Lamia y suspender a las autoridades del sector aeronáutico mientras se investigan las causas que llevaron a permitir el despegue del avión que se estrelló el lunes en Colombia, en el que viajaba gran parte de la plantilla del Chapecoense.
La decisión afecta a las principales autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), anunció en una rueda de prensa el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros. «No estamos responsabilizando a ninguna persona, pero mientras duren las investigaciones vemos conveniente que los ejecutivos puedan ser suspendidos», dijo Claros. La DGAC es la encargada de la supervisión técnica de las aeronaves y AASANA es la que aprueba los planes de vuelo.
El Ministerio de Obras Públicas ordenó, además, hacer dos investigaciones: una sobre por qué se otorgó a Lamia una certificación como operador aéreo y si cumplía todos los requisitos y la otra sobre el capital de la empresa, sus accionistas y ejecutivos.
Claros agregó que se supervisa la investigación que ya lleva a cabo la DGAC sobre el accidente y «todos los eventos referidos a los permisos otorgados» para que el avión despegara el lunes desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz (este). Hasta la fecha, según la autoridad boliviana, en el ministerio no tienen «la certeza de cuál ha sido la falla precisa» de la aeronave de Lamia, que se estrelló causando la muerte de 71 personas, entre ellas casi toda la plantilla del Chapecoense.
Por su parte, los exámenes forenses a las 71 personas fallecidas en el siniestro ya han terminado, según confirmaron este jueves las autoridades de Colombia, donde se estrelló el aparato. «Se concluyó que la causa de la muerte corresponde a un politraumatismo óseo y visceral, que está de acuerdo con fenómenos de desaceleración y de caída», dijo el director del Instituto de Medicina Legal de Colombia, Eduardo Valdés, según informa El Espectador.
Los cadáveres serán trasladados a distintas funerarias de Medellín, capital del departamento de Antioquía, donde se produjo el impacto. Una vez allí, las embajadas se encargarán de que los cuerpos sean repatriados. Hay víctimas de nacionalidad brasileña, boliviana, paraguaya y venezolana. «Se va a hacer todo lo posible para que los cuerpos sean entregados en la tarde de este jueves», dijo el representante de las funerarias.