La Unión Europea (UE) y Cuba han encarrilado la normalización de sus relaciones políticas con un nuevo acuerdo tras años de enfrentamientos e intentos fallidos de superar sus diferencias en cuestiones como el respeto a los derechos humanos y la evolución democrática del régimen de los Castro.
La figura de Fidel Castro, fallecido el viernes, ha sido clave en el desarrollo de las relaciones entre Bruselas y La Habana.
Tras casi dos décadas de relaciones prácticamente bloqueadas, ambas partes concluyeron el pasado marzo un acuerdo, aún pendiente de ser firmado, que busca reiniciar una relación bilateral hasta ahora plagada de desencuentros.
Lo han hecho en un momento en que Cuba está inmersa en un plan de reformas que persigue modernizar el sistema económico de uno de los pocos países del mundo que aún vive bajo un régimen comunista.
Por el momento, Cuba es el único país de América Latina y el Caribe sin un acuerdo contractual con la Unión, que solo otorga ayuda a la cooperación para apoyar a la población.
Para la UE, esta nueva etapa ha permitido avanzar hacia un acuerdo «sólido, ambicioso y constructivo», en palabras del director general para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Leffler, al término de esa ronda.
El acuerdo de diálogo político y cooperación pretende servir como plataforma para entender mejor las diferencias e identificar caminos hacia la convergencia.
El futuro marco bilateral se articulará en torno al diálogo político y gobernanza, la cooperación y políticas sectoriales y la economía y comercio.
La idea de la UE es acompañar el proceso de modernización y el refuerzo gradual de las libertades fundamentales y derechos humanos, por lo que el pacto «sólo tiene sentido si el país cambia en esa dirección», según fuentes comunitarias.
El acuerdo supondrá, además, eliminar la llamada «posición común», la política unilateral y restrictiva que desde 1996 rige las relaciones bilaterales y que fue aprobada por la UE a propuesta del entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar.
La supresión de esa «posición común» exige que sea una decisión adoptada por la unanimidad de los Veintiocho.
El Gobierno cubano siempre ha rechazado la posición común al considerarla una injerencia y un obstáculo para normalizar los lazos con Europa.
Las discusiones para su sustitución por una relación bilateral normalizada arrancaron en 2010 a propuesta del Ejecutivo español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
En 2008, la UE había reanudado su diálogo político y la cooperación con Cuba tras levantar -a propuesta de España- sanciones diplomáticas a La Habana por el encarcelamiento de 75 opositores.
Los altibajos han regido la relación entre Bruselas y La Habana, y uno de sus peores momentos llegó en 2003 con la llamada «Primavera Negra», cuando Cuba encarceló a esos opositores y la UE respondió con la imposición de sanciones diplomáticas, a lo que a su vez La Habana contestó rechazando la ayuda europea al desarrollo.
Esas medidas obligaban a los Gobiernos de la UE a restringir sus visitas oficiales a la isla, así como sus invitaciones a los disidentes a las recepciones en sus embajadas en La Habana que fueron suspendidas en 2005, para ser revocadas tres años después.
La negociación de este acuerdo es resultado de la petición de los ministros de Exteriores de la UE a la entonces jefa de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton, a finales de 2012, de explorar las posibilidades de abrir una nueva relación con La Habana.
En la actualidad, el objetivo fundamental del diálogo y la cooperación es «apoyar y acompañar el cambio en la isla», además de fomentar más el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos, aspecto en el que las autoridades comunitarias aseguran que seguirán haciendo hincapié.
El futuro acuerdo no prevé otorgar ventajas comerciales a Cuba, que ya ha salido del sistema de preferencias arancelarias de la Unión por haber alcanzado una renta media, pero sí crear una «base más estable» para fortalecer los lazos económicos.