El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este viernes la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973, en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. El fallo señala que la Constitución «no otorga» este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto a los representantes electos de los estados. Ahora, un juez del Supremo pide revisar el matrimonio homosexual.
El juez del Tribunal Supremo estadounidense, el conservador Clarence Thomas, defendió este viernes que se revisen en el futuro los precedentes legales protegidos por la doctrina del «debido proceso fundamental», lo que incluye el fallo que protege el derecho al matrimonio homosexual.
Así lo señaló este viernes en una opinión separada coincidiendo con el fallo de la corte de eliminar la protección legal al aborto.
Thomas abogó por revisar en el futuro los precedentes basados en el «debido proceso fundamental, una doctrina del Derecho estadounidense que permite a los tribunales poner límites a la actividad legislativa cuando afecta a «la vida, la libertad o la propiedad».
El magistrado hizo mención expresa a los fallos previos del Supremo que garantizan el acceso a anticonceptivos a parejas casadas («Griswold contra Connecticut») y el matrimonio homosexual («Obergefell contra Hodges»).
«Después de revocar estas decisiones probadamente erróneas, quedaría por resolver la cuestión de si hay otras provisiones constitucionales que protejan la miríada de derechos que nuestros casos de debido proceso fundamental han generado», escribió Thomas.
Aun así, el juez aseguró que la decisión de este viernes sobre el aborto no afecta otros fallos sobre casos, como el del matrimonio homosexual y los anticonceptivos.
Sin embargo, su opinión establece claramente que todos estos casos deberían ser revisados porque se basan en la doctrina del debido proceso fundamental.
Durante meses, desde que se filtró el borrador de la sentencia del Supremo sobre el aborto, varios activistas y políticos progresistas han alertado de que la decisión del alto tribunal establece un peligroso precedente que podría afectar a otros derechos.