Guillermo Baena García, el hermano de Monte-Sión que acabó retirando su candidatura en las elecciones del pasado 15 de diciembre, a tan sólo unas horas de que abrieran las urnas, al no resolver a tiempo la autoridad eclesiástica sus alegaciones presentadas contra la conformidad del censo, ha recibido este viernes un burofax en el que, vía decreto, el delegado diocesano de Asuntos Jurídicos para las Hermandades, Miguel Vázquez Lombo, le notifica su expulsión de la hermandad.
Con más de 53 años de antigüedad en la nómina de Montes-Sión, Baena ya advirtió al retirar su candidatura que iniciaría acciones legales «en las jurisdicciones que corresponda» a fin de velar por la legalidad y las garantías del cabildo de elecciones, ya que, a su entender, más de un centenar de hermanos podrían haber estado inscritos indebidamente en el censo.
Según ha explicado a este periódico el propio afectado, su expulsión de la hermandad se produce cuando aún están pendientes de resolución un recurso presentado ante el arzobispo de Sevilla sobre nulidad radical de los cabildos de cuentas y elecciones celebrados el pasado 15 de diciembre y también una demanda interpuesta por la vía civil por una supuesta vulneración de derechos fundamentales.
A juicio de Baena, esta resolución del delegado de Asuntos Jurídicos, «supone una vulneración flagrante del ordenamiento jurídico», toda vez que el artículo 55 de las Normas Diocesanas estable claramente cuál es el procedimiento que habrá de seguirse antes de expulsar o cesar temporalmente a un hermano. «En mi caso, ni siquiera se me ha notificado que tenía abierto un expediente sancionador, ni tampoco se me ha dado oportunidad de presentar alegaciones. Es una vulneración flagrante del artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a la presunción de inocencia y garantiza que nadie podrá ser condenado sin previamente haber sido oído».
Guillermo Baena asegura que ante esta resolución del delegado de Asuntos Jurídicos ejercerá su derecho de recurso ante «el superior jerárquico competente», al tiempo que volverá a recurrir a la jurisdicción civil para garantizar sus derechos ante lo que interpreta que ha sido un «claro problema de indefensión».