Primera condena contundente por corrupción en Euskadi a dirigentes del Partido Nacionalista Vasco a causa de utilizar las administraciones públicas como coto privado para montar una trama en la adjudicación de contratos. Penas elevadas que encaminan a prisión, entre trece y cinco años, a Alfredo de Miguel, que fue el número 2 del PNV en Álava y diputado foral de Administración Local; Xabier Sánchez Robles, quien ocupó el cargo de director del Área de Juventud en el Gobierno vasco cuando Ibarretxe lo presidía; Aitor Tellería, que era concejal en el Ayuntamiento de Vitoria, director de Agricultura en la Diputación Foral de Álava y destacado miembro de la ejecutiva provincial del PNV; y a Koldo Ochandiano, quien era miembro del comité central del partido (el Buru Batzar) y estaba colocado como contable del Parque Tecnológico de Miñano. En modo alguno hay que aplicar el comodín del 'mal de muchos,...'. Pero tampoco era creíble que el País Vasco estuviera vacunado de la tentación del abuso de poder en favor de los amigos cuando un partido político es tan hegemónico y tanto se afana en ser valorado como la quintaesencia de la identidad vascongada.
Si en Andalucía el silencio ominoso empezó a fisurarse cuando los empresarios del grupo hostelero La Raza no aceptaron a pagar una comisión de 300.000 euros a cambio de un acuerdo con los gestores políticos de Mercasevilla que estaban manejando la recalificación de sus terrenos, en Euskadi el 'caso De Miguel' arrancó de modo muy similar, cuando una abogada denunció ante la fiscalía la presión que estaba sufriendo para que se pagaran 100.000 euros de 'mordida' con tal de facilitar la ampliación de los terrenos del citado parque tecnológico. Y podríamos dar, etapa a etapa, la vuelta a la España de los 'confictos territoriales' donde 'los terrenos' son el idéntico reino de las componendas indecentes. Nada de hecho diferencial. Esto sí que es un clásico y no el Barça-Madrid.
El 'lehendakari' Urkullu, que era en 2010 el presidente del PNV cuando la policía autonómica detuvo a los ahora condenados, acertó al salir ayer a la palestra con gran rapidez (tres horas después de su conversación telefónica con Pedro Sánchez para subirle el listón de las cuantiosas exigencias a cambio de sus escasos votos), para ofrecer disculpas a la sociedad vasca por haber tenido en puestos relevantes del organigrama del partido a personas que, al ocupar cargos de gestión del erario público, se lucraron pasándose la ejemplaridad por el arco del pelotazo. La misma falta de escrúpulos que el Tribunal Supremo considera para procesar a Laura Borrás, la altanera portavoz del clan Puigdemont en el Congreso de los Diputados, por sus manejos cuando dirigía en la Generalitat el Instituto de la Lengua Catalana. Los magistrados dieron a conocer su decisión cuatro horas después de emular Sánchez y Torra por teléfono a Groucho Marx sobre cuál es la parte contratante de la primera parte contratante de la investidura.
Todos no somos iguales. Algunos se empeñan en parecerlo.