Con la transparencia ha pasado como con la igualdad. La existencia de leyes que las regulan en España no garantiza que se hagan realidad en la vida cotidiana. Falta mucho para que podamos hablar de una sociedad transparente e igualitaria. La norma sigue siendo la opacidad y desigualdad de muchas e importantes instituciones de la vida pública, como es el caso de la Universidad.
El catedrático, José Miguel Rodríguez Tapia, escribía hace una semana en el diario El País que “las notas deben publicarse y si se porfía por la honra de los suspendidos, la solución de compromiso es que se publique la relación de alumnos aprobados.”
En España no hay manera de comprobar si lo que dice una señora o un señor en un currículum es verdad o mentira, igual que hay muchos padres que han sido engañados por sus hijos con las notas de sus exámenes universitarios y, a pesar de pagarles los estudios, no han podido comprobar la verdad de las afirmaciones de sus vástagos mayores de 18 años.
No es un tema menor el que se ha destapado a estos personajes que hacen maestrías de broma (prefiero la palabra española a la inglesa máster), mientras se desgañitan hablando de la cultura, la educación y la ética del esfuerzo. Lo que se ha demostrado es la hipocresía de una clase dirigente que se beneficia de la opacidad de las instituciones para garantizar la impunidad de sus malos comportamientos.
Los registros de los colegios profesionales, incluso los de colegiación obligatoria, como los de arquitectura, medicina, abogacía o ingeniería no son datos abiertos (open data). A estas alturas de la transición digital bastaría con poder enlazar en la biografía digital cada ítem con el registro académico o profesional correspondiente para garantizar la veracidad de la capacitación de cada persona.
Ahora que tanto se habla de la marca personal y la reputación digital, resulta que no cumplimos con los requisitos mínimos de fiabilidad que una sociedad como la muestra debe ofrecer individual y colectivamente.