El tiempo de la Navidad nos trajo el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de la fiscalización, referido al ejercicio 2014, que tiene como objetivo expresar una opinión sobre las cuentas anuales de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y sobre la legalidad de las actuaciones que esta realiza en el desarrollo de su actividad.
Los resultados son en determinados aspectos de una gran contundencia pues el informe da a entender que la contabilidad no está realizada, en algunos aspectos, de forma correcta.
Pero aun más radical es el análisis de la legalidad de las operaciones realizadas. La Cámara de Cuentas emite «una opinión desfavorable en relación al cumplimiento de la legalidad aplicable en la gestión de los fondos públicos por parte de la agencia».
En concreto da cuenta de «incumplimientos del principio de concurrencia competitiva en la valoración de determinadas ayudas. Insuficiente motivación de la necesidad de concesión en las subvenciones excepcionales. Uso inadecuado de la figura del contrato privado de representación pública de espectáculo y para la coproducción de espectáculos» y así casi una docena de incumplimientos que hacen pensar.
Al concluir la lectura del informe se aprecian dos cosas: la primera, que la mayor parte de la gestión censurada corresponde al anterior consejero y director de la agencia. Algo deberían responder estas personas. Y la segunda, si el marco jurídico y de gestión que la Consejería usa es el más adecuado o de una vez por todas es necesario dar un radical giro para permitir un mejor cumplimiento de las obligaciones legales y la gestión operativa de la agencia.