La educación en España se puede considerar un fracaso rotundo desde hace muchas décadas. Si Franco intentó y consiguió adoctrinar a miles y miles de niños, los partidos políticos en España, desde el Partido Popular hasta el Partido Socialista Obrero Español y los partidos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña en sus autonomías, han intentado legislar y tratar la educación como forma de generar un pensamiento determinado y único que nunca ha buscado el bien de todos los estudiantes españoles y, por tanto, el bien de España en un futuro inmediato y a largo plazo. La educación tratada como un elemento electoralmente rentable es nefasta y los políticos españoles deberían pensar en el daño que han ocasionado durante las últimas décadas.
El Estado suele tener cierta tendencia a querer educar a los niños y jóvenes en lugar de dejar que sean sus padres en casa y los profesionales en los centros de estudios los que realicen una labor básica en un Estado de derecho. Aunque el artículo 27 de la Constitución sobre el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza es muy claro en su redacción, los distintos Gobiernos desde la llegada de la democracia a España han intentado y muchas veces conseguido (los casos del País Vasco y Cataluña resultan demoledores) generar un pensamiento mucho menos plural del que cabría esperar en un país moderno.
Ahora, un Gobierno con 84 diputados vuelve a la carga y quiere reformar una ley que ya es desastrosa desde su primera redacción. Si esta ley nació de la falta de consenso, cualquier reforma que intente el Gobierno de Pedro Sánchez estará alejada de un deseo de entendimiento de todas las partes que nunca llega, empeorará la situación.
La ministra Isabel Celaá sin tener en cuenta las últimas sentencias del Tribunal Supremo, incluso del Constitucional, sobre la complementariedad de las dos redes de enseñanza, pública y privada, anuncia que quiere modificar el artículo 109.2 de la Lomce eliminando, así, el principio de demanda social que obliga a la Administración a garantizar plazas en centros concertados a los alumnos si lo solicitan sus padres. La ministra tacha de eufemismo el contenido del artículo y lo señala como causa de convertir la escuela pública en subsidiaria de la concertada. El resultado es que se quiere cambiar.
Este pudiera ser un ataque a la libertad de elección de las familias y ha creado otro conflicto más en la sociedad española. La Plataforma Concertados formada por Escuelas Católicas, CECE, Concapa, Cofapa y los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE y USO, se han reunido y han mostrado su preocupación. El Gobierno dice que no hay motivo de preocupación. Pero lo cierto es que el Gobierno se atreve con asuntos muy delicados que afecta a la libertad de elección de la educación por parte de las familias.
No existe un camino para construir un sistema de enseñanza excelente que no esté arropado con un amplio consenso. Hasta hoy solo el ministro Gabilondo ha sido capaz de avanzar aunque no tuvo tiempo de cerrar un acuerdo tan necesario. Y lo que hizo fue dialogar y sentar en las mesas de trabajo a todos los actores. No hay otra opción.