Inmatricular una propiedad significa registrarla por primera vez. Y eso es lo que ha estado haciendo la Iglesia española desde el año 1988 y hasta el 2015. Es un efecto de cambio legal que preparó y facilitó en su momento el Gobierno presidido por José María Aznar. Han sido casi 35.000 propiedades que ahora aparecerán, con tres años de retraso, en el primer informe sobre inmatriculaciones elaborado por la propia Iglesia.
Las propiedades que aparezcan en ese informe son de muy diversa naturaleza pudiéndose encontrar una catedral como la de Sevilla junto a un local o un garaje.
La vicepresidenta Carmen Calvo ya ha declarado que las 34.961 inmatriculaciones se hicieron de acuerdo a lo que marca la ley, pero que se abre un periodo de tiempo para que personas físicas y jurídicas puedan reclamar la propiedad de alguno de esos inmuebles. De esas propiedades inmatriculadas, 20.014 son templos y el resto son cualquier otro tipo de inmueble.
Resulta asombroso que esta información, que se tramitará en el Congreso de los Diputados, esté ajustada a ley ya que las urgencias y los mensajes que llegaron desde formaciones políticas como el PSOE hacían pensar lo contrario. Tanto es así que el PSOE logró que se aprobara el año 2017 una proposición de ley forzando que se elaborase esta lista. Ahora, con un retraso de tres años, ya se nos advierte de que todo está bien. No es algo que se pueda comprender bien.
En cualquier caso, conviene que las cosas queden tan claras como sea posible y que eso ayude a que la relación entre el Estado español y la Iglesia española sean iguales a las que se mantienen con cualquier otro ente.