El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, utilizó presuntamente junto a su familia dos empresas pantalla para borrar el rastro de sus pasos en el paraíso fiscal de Jersey. Se trata de la posible segunda afección de este miembro del ejecutivo de Mariano Rajoy en turbios asuntos de fondos opacos, como el que ya se destapara en relación a empresas familiares entre los papeles de Panamá. Con el debido respeto a la presunción de inocencia, sí es diáfano que este integrante del Consejo de Ministros debe dar claras explicaciones en relación a esta a la mayor brevedad posible, máxime cuando en primera instancia mintió con la negación de toda cercanía con las informaciones que empezaban a emerger.
Si bien es cierto que en la actual tesitura política que vive el país no caben dimisiones ni ceses de miembros del ejecutivo, tal y como establece la relación de funciones de un gobierno interino como el actual, sí es posible que deje el cargo, a través de una renuncia al ejercicio del mismo. Está dentro de toda lógica que en caso de confirmarse algunos de los puntos ilícitos e inmorales que flotan por el ambiente, esta renuncia expresa debería ser cuestión de minutos.
No haría bien el Partido Popular si se muestra incapacitado para obligar a Soria a esta renuncia de su cartera en funciones, en caso de agravarse por reales las sospechas que se ciernen sobre él. De hecho, ya asuelan numerosas contradicciones que de por sí han de tener en guardia a los inquilinos de Génova, castigados por corrupción y opacidad cuando más cerca parece estar la repetición electoral. No hay que olvidar que tras salir a la luz los primeros afectados por empresas offshore en Panamá, Soria pidió la justificación de los señalados. Ahora debe ser él quien se aplique su predicamento.