Si alguna gran noticia ha alegrado a toda Sevilla de un tiempo a esta parte, esa ha sido la del inicio de las obras de restauración de la iglesia de Santa Catalina, una joya antiquísima y única que lleva once años cerrada para vergüenza de quienes tenían la responsabilidad, los medios o la competencia para evitarlo. No es de extrañar el cierto revuelo que se formó ayer, canalizado a través de las redes sociales, cuando el candidato de IU a la Alcaldía y concejal electo, Daniel González Rojas, pidió la suspensión del contrato municipal recientemente contraído entre el alcalde Zoido y el arzobispo Asenjo por el que Emasesa se compromete a aportar 425.000 euros para esa rehabilitación tanto tiempo esperada. Un contrato con cláusula de confidencialidad, cosa extraordinariamente sorprendente tratándose de lo que se trata y de quiénes lo suscriben, y que atribuye a la empresa municipal de aguas una vez más la condición de mecenas. «Si a Emasesa le sobra el dinero, podría emplearlo mejor en bajar sus tarifas o en aplicar bonificaciones a quienes no pueden pagar el suministro», indicaba González Rojas. Y no le faltan razones a su argumento, en particular por lo que hace a las críticas sobre la «forma oscurantista» con la que se ha contraído ese compromiso. Es evidente que Emasesa está para más cosas que para despachar agua, y su labor patrocinadora ha sacado adelante muchos proyectos valiosos e interesantes en esta ciudad, pero despachar agua es la primera de todas ellas, y en Sevilla hay gente que sencillamente no puede pagársela. Una verdad como esos templos que tardan años en restaurarse, y no precisamente por culpa de las empresas municipales. Salvo que a partir de ahora sean otros quienes se encarguen de suministrar a los sevillanos el agua, y no precisamente bendita.