Tan solo unas horas después de la larga reunión que mantuvieron ayer el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y la viceconsejera de Salud y Familia, Catalina García, con 14 alcaldes de los municipios sevillanos afectados por el virus del Nilo que transmiten los mosquitos de la marisma, las más altas instancias de la Junta de Andalucía no han esperado siquiera a la reunión técnica de mañana, sino que el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha anunciado al mediodía de hoy la inmediata licitación de un contrato de emergencia por valor de 100.000 euros para la fumigación mediante drones de zonas de pantanales y arrozales alejadas de los cascos urbanos afectados.
Bendodo ha insistido en que “el objetivo es acabar con el mosquito y prevenir su reproducción en el futuro”, para lo que ha pedido la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), las Diputaciones de Sevilla y Huelva, la Federación de Arroceros y, evidentemente, de los municipios afectados, que son precisamente los que han instado en los últimos días a que fuera la Junta la que tomara las riendas del asunto, no solo por una cuestión de capacidades y competencias, sino también de financiación, pues muchos pueblos, como Coria del Río, La Puebla, Los Palacios y Villafranca o Lebrija, entre otros, se han gastado en estas últimas semanas varias decenas de miles de euros pero no estaban dispuestos a continuar asumiendo esos gastos para lucha que trasciende los límites de la provincia.
El consejero ha anunciado hoy una inmediata reunión técnica en la que participarán representantes de las consejerías de Salud y Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible con delegados de Medio Ambiente de los municipios, la CHG y la Federación de Arroceros para abordar esta actuación. En este sentido, los términos municipales ubicados en las marismas del Bajo Guadalquivir y las agrupaciones contiguas de municipios han sido declaradas “Zonas de especial actuación”, lo que supone la aplicación de determinadas medidas específicas que serán recogidas en un programa de actuación elaborado por los servicios municipales o la Diputación en cuestión, conjuntamente con la Delegación provincial de la Consejería de Salud correspondiente o el Distrito sanitario en quien delegue. El programa de actuación se elevará a la Consejería de Salud para su aprobación, la cual podrá recabar el asesoramiento técnico de aquellos profesionales que, en cada caso, estime oportuno.