El nuevo contrato de vigilancia y seguridad licitado por la Consejería de Cultura para el monasterio fortificado de San Isidoro del Campo, enclavado en Santiponce (Sevilla), bien de interés cultural (BIC) y donde en 2016 fue sustraído todo un paño de azulejos, abarca el periodo comprendido entre abril de este año y abril de 2019, toda vez que la Junta de Andalucía manifestaba meses atrás la posibilidad de desligarse de la gestión de la parte visitable del recinto. Mientras el último contrato de vigilancia y seguridad de este conjunto monumental contaba con un importe máximo de 143.036 euros impuestos incluidos para 5.718 horas de control y vigilancia correspondientes a todo el año 2017, los términos del nuevo contrato, recogido por Europa Press, incluyen un presupuesto máximo de 143.117 euros para la vigilancia del monasterio durante 5.721 horas comprendidas entre el 21 de abril de este año y el 20 de abril de 2019. El monasterio, recordémoslo, se divide entre un sector propiedad de la Junta de Andalucía y otra zona perteneciente a la Fundación Casa Alvarez de Toledo y Mencos. La parte del monumento correspondiente a la citada fundación nobiliaria fue restaurada hace años mediante fondos autonómicos y a día de hoy, está gestionada por la Junta de Andalucía y es la única zona del recinto abierta a las visitas.
Dicha actuación de rehabilitación y la gestión pública del sector del monumento perteneciente a la fundación nobiliaria responden al convenio firmado en 1991 entre la Junta y la fundación. En concreto, y según la documentación recogida por Europa Press, mediante dicho convenio de 1991, la Junta de Andalucía goza de la gestión de usos de una serie de espacios del monumento pertenecientes a la Casa Alvarez de Toledo y Mencos. Se trata de la iglesia primera y segunda, la sacristía, la sala capitular, el refectorio, la capilla de reservado, el claustro de los Muertos y sus dependencias anexas, el patio de los naranjos y el corral de los conejos, espacios en su mayor parte visitables gracias a su rehabilitación a manos de la Administración andaluza.