Los moradores de las 11 viviendas desalojadas en la urbanización Sport Aljarafe, ubicada sobre una ladera de Tomares aquejada de deslizamientos de tierra, han denunciado este martes la «pesadilla» que sufren al no contar con subvenciones durante los meses transcurridos de 2017 y tener que afrontar astronómicos gastos de «impuestos, hipotecas», alquileres alternativos y «monitorización del terreno». Desde abril de 2016, un total de 11 viviendas han sido desalojadas de esta urbanización –construida hace décadas sobre una ladera de la cornisa del Aljarafe– como consecuencia de las deficiencias arquitectónicas que sufren a raíz de los deslizamientos de tierra detectados. Este extremo, así como un informe técnico que alertaba de un «riesgo de deslizamiento inminente» en la ladera, llevó al Ayuntamiento de Tomares a activar el pasado mes de marzo su plan municipal de emergencia.
Las medidas propuestas para corregir la situación de la ladera suponen un coste de unos 5,7 millones de euros, según cálculos de los especialistas. Las once familias desalojadas de sus viviendas recibieron de abril a diciembre de 2016 ayudas municipales de 400 euros mensuales para costear los alquileres alternativos, pero avisan de que no han recibido ninguna subvención institucional durante este año 2017.
Aunque en principio el Ayuntamiento propuso en marzo una nueva línea de ayudas de hasta 600 euros al mes para el alquiler –aplicable hasta final de 2019 o tres meses después de la consolidación de la ladera– así como subvenciones por mudanza y guardamuebles, lo cierto es que no media acuerdo entre las partes en cuanto a esta línea de ayudas.
El colectivo de afectados advierte de que los «criterios excluyentes» de esta nueva línea de ayudas –en lo que respeta a los niveles de renta y el empadronamiento– motivan que sólo dos de las once familias afectadas puedan acceder a las subvenciones.
Las familias afectadas presentaron alegaciones a la nueva línea de ayudas. Y aunque el Ayuntamiento habría aceptado algunas de estas alegaciones, las modificaciones admitidas sólo ampliarían la cobertura de las ayudas a «entre cuatro y seis» de las once familias afectadas. No obstante, y dada la falta de acuerdo entre las partes, el pleno convocado por el Ayuntamiento para aprobar la convocatoria de subvenciones se zanjó sin una resolución. Dado el caso, el Ayuntamiento optó por elevar una consulta a los servicios jurídicos de la Diputación provincial, para dilucidar si resultaba «viable» convocar una línea de ayudas en los términos demandados por los afectados.
El colectivo de afectados avisa de que el Ayuntamiento del municipio «más rico de Andalucía» no ha resuelto aún el asunto y no ha abonado en 2017 las ayudas comprometidas para los desalojados, que de su lado corren con los gastos de «impuestos, hipotecas», los alquileres alternativos y de la «monitorización del terreno».