Una oficina técnica comenzará a funcionar en El Castillo de las Guardas la próxima semana para que los vecinos afectados por el devastador incendio del pasado 25 de agosto puedan declarar las pérdidas económicas y materiales sufridas después de que el fuego arrasara 1.845 hectáreas. Así lo informaron tanto el alcalde castillero, Gonzalo Domínguez, como la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, que aportará para su funcionamiento a técnicos de las delegaciones de Agricultura y Medio Ambiente.
La idea, explica el regidor, es «cuantificar los daños producidos» por las llamas, para lo cual los propietarios de las fincas afectadas jugarán obviamente un papel especial. «Vamos a hacerlo lo más rápido posible», apostilló Domínguez, añadiendo que tanto el Ayuntamiento de la localidad como la Diputación también colaborarán con esta oficina.
Pero no es la única medida que se pondrá en marcha para paliar los efectos negativos que las llamas dejaron a su paso, ya que el objetivo último del Ayuntamiento es lograr algún tipo de subvención o ayuda a la que los vecinos puedan acogerse. En este sentido, la delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Esther Gil, manifestó que la administración andaluza analizará las «posibles ayudas autonómicas de las que pueda beneficiarse» el municipio. Lo hizo en un encuentro con el alcalde castillero al que también asistieron el regidor de El Ronquillo, Álvaro Lara, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, Segundo Benítez, y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Losada.
Asimismo, Gil aclaró que «existen otras ayudas que provienen del Gobierno central a través de la declaración del territorio dañado por el incendio como Zona Afectada Grave por una Emergencia de Protección Civil, tal y como se recoge en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil».
De hecho, el Consistorio castillero tiene previsto celebrar, en los próximos días, un pleno extraordinario a través del que solicitarán que el municipio sea declarado como «zona catastrófica», a tenor de que es un requisito indispensable para optar a las mencionadas subvenciones estatales.
Domínguez ya advirtió que la localidad iba a «recurrir a todas las ayudas disponibles que haya», teniendo en cuenta que la mayoría de los vecinos afectados han perdido su «modo de vida» tras arder un total de 1.845,02 hectáreas de superficie forestal, de las cuales 396,60 son de arbolado; 954,37 de matorral y 494,05 son hectáreas de pastizal.