El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla juzga este miércoles a una mujer, con tres hijos menores de edad, y a su madre por un delito leve de usurpación después de que éstas fueran denunciadas por una monja, presidenta de la Asociación Familia Vicenciana, por ocupar un piso social que la Junta le tiene arrendado en la avenida 28 de Febrero de la capital andaluza a la entidad religiosa para personas en riesgos de exclusión social.
El 19 de septiembre, según un atestado policial, al que ha tenido acceso Europa Press, dos agentes de la Policía Nacional recibieron un aviso de la Sala del 091 para que se personaran en una vivienda en un bloque de pisos de la avenida 28 de Febrero de Sevilla donde "al parecer se está produciendo la ocupación de una vivienda".
A su llegada, los agentes observan "forzada" la cerradura de la puerta de acceso al piso y son recibidos por dos mujeres, madre --María del Rocío V.B.-- e hija --María del Rocío F.V.--, que han accedido al inmueble, donde conviven con tres menores de seis años, 14 meses y dos meses, hijos de la segunda.
María del Rocío F.V. ,defendida por el abogado David Pareja, trasladó a los agentes que ella había trabajado anteriormente para la antigua titular y residente del piso, ya fallecida, y que ésta le habría otorgado "el uso y disfrute de la vivienda cuando ella muriese, si bien no llegó a ratificarlo por escrito". Motivo que le llevó a acceder a la vivienda, "sabiendo que ya no estaba ocupado, forzando para ello la cerradura de acceso con la ayuda de varios vecinos".
Como consecuencia de esta situación, el 27 de octubre, una religiosa de las Hijas de la Caridad, presidenta y en representación de la Asociación Familia Vicenciana, presentó una denuncia ante los juzgados por estos hechos. En la misma, a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que el 21 de septiembre, al intentar acceder al piso referido, vivienda social que la Asociación tiene adjudicada en alquiler para desarrollar el Proyecto Miguel de Mañara, se encontró el inmueble ocupado por un grupo de personas que "se negaron a abandonarla" y que "como consecuencia de dicha usurpación habían causado daños visibles en las cerraduras".
El piso, según el contrato de arrendamiento firmado en julio de 2018 entre la Asociación y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Junta, ha sido designado a la entidad social para desarrollar el Proyecto Miguel de Mañara y "facilitar la integración social a personas en riesgo de exclusión social proporcionando una atención integral a través de centros de acogida y piso en régimen tutelado".
Por lo que desde la ocupación del piso "no puede desarrollarse el proyecto con los graves perjuicios que ello causa a los usuarios del programa", según la denuncia de la Asociación, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.