Abertis ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a las autopistas de peaje AP-4 entre Sevilla y Cádiz, además de la autopistas AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante, que para la autopista andaluza supondrá que el ajuste afecte a 25 empleados, el 45,5% del total de 55 trabajadores con que cuenta la autopista, de 93,8 kilómetros de longitud.
Los empleados afectados por el ERE son los vinculados a las labores de cobro de peaje, toda vez que está previsto que aquellos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura se subroguen en el contrato de conservación que firme Fomento.
El total de trabajadores afectados es de 140 en ambas autopistas, que el próximo 31 de diciembre acaban su contrato de concesión y, como ha acordado el Ministerio de Fomento, levantarán su peaje y volverán al Estado, según informó la empresa.
Este ajuste equivale a casi la mitad (el 46%) del total de 300 empleados que suman las dos vías, la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz y el tramo de la autopista AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante.
En el caso de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, el ERE incluye a 115 trabajadores, el 47% del total de 245 empleados de la vía, de 373 kilómetros de longitud sumando sus dos tramos.
Aumar, la sociedad filial de Abertis que tiene la concesión de las vías, ha comunicado ya el ERE a los trabajadores, con los que iniciará el preceptivo periodo de negociación.
Estas dos vías seguirán así la estela de la AP-1 Burgos-Armiñón, que el 1 de diciembre de 2018 se convirtió en la primera vía de pago construida en España que ponía fin a su concesión, levantaba las barreras de peaje y retornaba al Estado.
La reversión de las autopistas que concluyen su contrato de concesión tiene lugar tras la decisión del Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los plazos de concesión de este tipo de infraestructuras.