El concejal de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento hispalense, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha recurrido la providencia de la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, mediante la que se le cita como investigado en las diligencias relativas a presuntas coacciones y daños por parte de taxistas para acaparar la parada de taxis del aeropuerto.
El propósito del recurso, según tales fuentes, es que la juez instructora concrete qué supuestos hechos, actuaciones o presuntos delitos se atribuye al concejal, al objeto de que el mismo «pueda defenderse» plenamente, toda vez que Cabrera está citado a comparecer el próximo lunes.
En la providencia, con fecha de 31 de enero, la juez instructora acuerda, «visto el resultado de las diligencias practicadas», citar a declarar en condición de investigado al delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, para el próximo día 18 de febrero a las 11,00 horas.
De otro lado, la magistrada María de los Reyes Flores ha decidido librar oficio a la Brigada Policial actuante a fin de que emita informe a la mayor brevedad sobre la cámara de grabación que consta instalada en la entrada de la zona de llegadas del aeropuerto de Sevilla y de la pantalla que refleja dichas grabaciones en la sede de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi (AHST), haciendo constar el campo de grabación de la misma, horario de funcionamiento y control o en su caso custodia de las imágenes captadas, a los efectos de adoptar las medidas oportunas en atención de lo previsto en la ley de protección de datos.
Cabe recordar que la instructora, en esta causa, imputó a la propia Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, como persona jurídica, delitos de «organización delictiva, daños y coacciones».
En un auto dictado en septiembre, la juez, que también mantiene como investigados en la causa al presidente, Enrique Filgueras, y otros dirigentes como Antonio Velarde o Francisco Ternero, relacionados con las presuntas coacciones promovidas para monopolizar la parada de taxis del aeropuerto, imputa a la Asociación como «persona jurídica» en los términos de «constituir una organización delictiva que sirve de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto vehículos con conductor --VTC-- como incluso los servicios municipales --Tussam--».
Todo ello, según prosigue la juez, «en término de haber fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposición de sanciones tanto económicas como de privación de participar en este servicio, monopolizado temporalmente, con unas normas y catálogos de conductas ni publicados ni aprobados en forma alguna».
Igualmente, el auto expone que la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi ha dirigido «conductas para la constitución de tales fines contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte, manteniendo en su poder material y documentos de origen ilícito hallado en el registro practicado en su sede relativo incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas y sanciones municipales». Para la instructora, todas estas conductas «implican un grave perjuicio para el sector del transporte y a la ciudad en general».